Como se apuntó en la anterior entrega las repercusiones de los hechos en ambos municipios, sobre todo en el caso de la capital de Sinaloa, se extendieron en cuanto a escenas de violencia y destrucción por varios puntos de la entidad e incluso con manifestaciones esporádicas de enfrentamientos entre delincuentes e instituciones del orden.
Ha pasado poco más de una semana y la necesaria pretensión de las autoridades locales y federales de recuperar, en primera instancia, la tranquilidad y seguridad pública, y después la plena normalidad, nos revela situaciones que indican con toda claridad la profundidad y complejidad del problema que enfrentamos.
Las reacciones de la población en la zona semiurbana de la agencia municipal de Culiacán, en la sindicatura de Jesús María, asentamiento de Ovidio Guzmán López y de su familia, incluyen exigir mediante manifestaciones y toma de instalaciones municipales la salida del gobierno —en general, sin especificar, aunque es evidente que se refieren a la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional (GN).
A las bajas físicas de una confrontación que conforme a los datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó como saldo la muerte de 29 personas —diez de ellas, heroicos integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país y las demás pertenecientes a una organización criminal compleja—, debe sumarse una ingente cantidad de vehículos calcinados y destruidos, lo que provoca, y con razón, una onda de temor y sobresalto que conforme a reportajes prevalece e incluso se expande.
El otro elemento sicológico y emocional manifestado en abundancia, es la incertidumbre, puesto que la estabilidad e incluso el crecimiento económico de la población estaba anclado a la prosperidad de actividades relacionadas con el narcotráfico, sea en su vertiente de producción, trasiego y comercialización, o bien por las necesarias dinámicas para legalizar los activos y ganancias que genera. El empleo informal, se entiende, sería una de las primeras víctimas de la incursión del gobierno federal para la detención de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Asimismo, existe preocupación ante la posibilidad de que otra organización criminal, aprovechando el momento de sorpresa y miedo, busque posicionarse en un sitio clave para afectar los intereses de la organización criminal compleja que encabezan los hijos del Chapo.
Objetivo
Un aspecto sustancial es también, siguiendo la lógica de un empírico proceso de aprendizaje respecto de la preparación de la operación, su ejecución y desenlace, el establecimiento de un plan para procurar la estabilización inmediata de la zona y población afectada.
En algunos manuales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se cuenta con documentos enfocados a dichos procedimientos con ese específico objetivo. Ahora se pudo observar, mediante difusión misma de la Sedena, la llegada de una brigada de servicios sociales para atender a la población, incluso con el suministro de alimentos y otras atenciones como peluquería, odontología, recolección de escombros y limpieza en general, así como el restablecimiento y reparación de algunos servicios públicos en el poblado de Jesús María.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez el abatimiento del cabecilla del motín y la reaprehensión de varios de los reclusos fugados en las primeras horas de este año, así como la vinculación a proceso del exdirector del penal número 3, al igual que otros integrantes de la administración y vigilancia del mismo, por si hacía falta, demuestra la tremenda corrupción imperante en algunos de esos Centros de Readaptación.
Cada situación debe analizarse a fondo.