El pasado día 30 se cumplió el segundo año de la creación de la Guardia Nacional. Siendo mandatario electo, a unas semanas de tomar protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador adelantó que una —si no es que la más importante— propuesta en materia de seguridad pública sería la creación de la Guardia Nacional. Desde entonces ha persistido e impulsado de manera decidida su constante fortalecimiento e implantación en la geografía del país. El esfuerzo ha sido notable tanto en el sentido político como en el jurídico, el presupuestal y sobre todo para contar con el personal adecuado.
Se tuvieron que reformar once artículos de la Constitución, lo que al someterse al voto del Congreso de la Unión recibió solo un voto en contra en la Cámara de Diputados: el resto de los legisladores de ambas cámaras sufragaron a favor de los cambios.
Lo mismo sucedió con la totalidad de los Congresos locales para evidenciar así el enorme respaldo y apoyo con el que contaba desde el inicio la nueva institución de seguridad pública más importante de México, por lo menos en lo que va del siglo XXI.
Mucho se ha debatido en torno de las aportaciones de la Guardia Nacional. Sin embargo basta consultar los sondeos de opinión y encuestas públicas y privadas para constatar que dicha institución se encuentra, junto con las Fuerzas Armadas, en los primeros lugares de aceptación y confianza por parte de la población.
Colocarse en tan poco tiempo en esos lugares remite a una mística de trabajo y compromiso hacia la enorme responsabilidad de devolver la seguridad pública en distintas partes del país. La presencia disuasiva mediante los cuarteles avanzados y los patrullajes es una diferencia táctica y operativa muy importante respecto de anteriores gobiernos. Tal como sucedía con la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal, cuya presencia era de carácter reactivo en general.
Prioridades
Sin embargo, como consecuencia del confinamiento y de la pandemia, crecen de forma notable otros delitos, como los fraudes por internet, el robo de identidad o robo de cuentas bancarias, entre otros. También son responsabilidad de la Guardia Nacional, que de acuerdo con la ley correspondiente debe atender una larga lista de 56 delitos, además de eventos imprevistos como inundaciones, accidentes en carreteras e incendios, entre otros. En buena parte de la opinión pública se instala la percepción de que la máxima prioridad es confrontar a las bandas del crimen organizado. Y sin duda lo es, pero no la única actividad.
Otro tema que rodea a este segundo aniversario es la persistente y no demostrada denuncia de presunta militarización, sobre todo por el anuncio del presidente de la República de enviar en 2023 una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según datos del nuevo Sistema Policial y de Justicia Cívica hay 340 mil policías municipales y estatales, contra 350 mil elementos de las Fuerzas Armadas, en números redondos. Se contabilizan hasta 650 municipios sin seguridad pública.
Hay que recordar que desde el sexenio de Vicente Fox no hay servicio militar nacional obligatorio, cuando en algunos países escandinavos le están devolviendo el carácter de obligatoriedad. Un raro militarismo el mexicano. En fin, es de esperar que la Guardia Nacional logre sus objetivos por el bien del país, la sociedad y las instituciones. De ahí viene el reconocimiento a sus responsabilidades y presencia. Desplegados en los lugares más peligrosos, las y los integrantes cumplen con las misiones encomendadas.