Hablaba en mi anterior colaboración respecto del informe anual del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que se dio a conocer hace unos días, donde se muestran los montos, porcentajes y países que invierten en el sector defensa. El monitoreo es sobre 40 gobiernos. México pasó del lugar 31 en 2019, para descender al lugar 33 en 2020. Es decir, hubo una reducción de 0.7% entre ambos años.
Este es un dato muy relevante para desactivar un concepto y término que no corresponde a la realidad del país: la militarización, por así decirlo, es la puesta en práctica del antecedente del militarismo. Es decir, que desde las estructuras del gobierno y de las élites existe un ambiente predominante para hacer de la vida pública y económica del país un sistema donde las reglas y valores de las Fuerzas Armadas son impuestas a las prácticas cotidianas. Entonces es cuando la militarización se convierte en un proceso en que las decisiones que pueden adoptar y aplicar civiles y militares las acata el sistema social.
Desde 1998 no hay un solo gobernador de extracción militar. Tampoco hay secretarios, a excepción de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México, que sean integrantes de las Fuerzas Armadas, a excepción del doctor Jesús Kumate como secretario de Salud con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Tampoco, desde 2006, hay un militar en el Senado de la República, por ninguno de los partidos políticos integrantes. Desde 2000 se mantiene una discreta presencia con un diputado federal por cada Legislatura de cada una de las secretarías correspondientes.
Civiles
Es indudable la importancia y la relevancia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Pero a diferencia de una auténtica militarización los civiles, de distintos partidos políticos u orientaciones ideológicas, son quienes han acudido y ordenado que los militares se hagan cargo del problema que significa la ola criminal que se vive en el país desde hace varias décadas.
A diferencia de otros casos en nuestro país sexenio con sexenio, modificando incluso la Constitución, se han creado secretarías de Estado, instituciones policiales y leyes secundarias teniendo, sin excepción, a las Fuerzas Armadas como principal protagonista.
Hoy no es diferente. Ahí está la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la muy importante Guardia Nacional. La aportación de elementos, sobre todo del Ejército, así como la construcción de los Cuarteles Avanzados, también forma parte de la propuesta en materia de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, de nueva cuenta es el estamento civil el que acude al estamento militar para realizar actividades que de origen no competen a las Fuerzas Armadas.
De la presunta militarización a la visibilidad de los militares en dichas labores hay una enorme distancia. No hay militarización, ni desde la perspectiva de posiciones de poder político, legislativo, ni mucho menos presupuestal. Es muy importante precisar esto ya que de otra forma el debate público parte de un concepto que no es aplicable a la realidad del país y sí en cambio agrega prejuicios a propósito de la naturaleza de las relaciones civiles-militares, al menos desde hace poco más de 40 años. Incluso con informes internacionales como el citado del SIPRI se desmiente lo que de manera común, pero sin fundamento, denominamos militarización y su antecedente, el militarismo.