Han pasado más de once años (junio de 2005) desde que se decidió recurrir a las Fuerzas Armadas para contener y someter al crimen organizado en varias partes del país; es decir, tres presidentes de la República consecutivos han dejado el principal y formidable peso al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México para recuperar la paz pública y la plena vigencia del Estado de Derecho.
Es momento, pues, de realizar un detallado y documentado balance para saber qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cómo se hará lo que falta.
En el inicio informal de la carrera sucesoria por las candidaturas a la Presidencia de la República por cada uno de los partidos políticos y algunos candidatos sin partido, enfrascados en promover sus aspiraciones y obstaculizar las de sus adversarios, no se le presta la debida atención a la gravedad de la crisis, ya casi disfuncional, de las corporaciones policiacas locales del país.
Por ejemplo, como policía estatal la de Sinaloa resultó ser la peor evaluada en los protocolos de confianza de parte de sus integrantes. Y lo preocupante de la noticia es que se trata de una entidad donde los recursos federales destinados a seguridad han sido ingentes, pero a la vez se trata de un estado de la República pródigo en la creación de líderes delictivos. Sin olvidar, desde luego, que es uno de los principales productores de marihuana y goma de opio en todo el país.
Allí también, en la capital, Culiacán, se perpetró el cobarde asesinato de elementos del Ejército Mexicano en los primeros días del mes de octubre. Por eso con toda naturalidad se puede cuestionar al gobernador y a los funcionarios correspondientes: ¿por qué no se ha avanzado lo suficiente en Sinaloa para contener y someter al crimen organizado?
Las justificaciones pueden ser decenas, pero los resultados son evidentes y no dejan lugar a otra caracterización que no sea la del fracaso.
De ahí que deba ser personal militar y naval el que, además de sus actividades profesionales inherentes, sume atribuciones que en sentido estricto competen a la autoridad civil atender. Y como ese caso hay varios en otros estados de la República.
Cuestionamientos
La cuestión, entonces, me parece, es que la discusión respecto de “retirar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles” está mal enfocada, ya que si los militares y marinos realizan actividades de apoyo —y con frecuencia de abierta suplencia— en labores de seguridad pública es porque la autoridad civil, por cualquier motivo, se colapsó.
Entonces el análisis debe empezar por la reconstitución de las corporaciones policiales estatales y municipales. Desde luego que cada caso puede ser y es diferente, pero esa obviedad de ninguna manera puede servir de argumento para seguir cargando, y en exceso, las labores de las Fuerzas Armadas.
Veamos: si se retiran los militares y navales de sus actuales responsabilidades de seguridad pública, ¿qué institución se encargará de realizar esas determinantes funciones?
El tema, entonces, es cómo hacer que las policías locales cumplan las misiones para las que fueron diseñadas y financiadas. Por supuesto que la Federación cuenta con los recursos presupuestales, jurídicos y políticos para conminar a las autoridades locales a que cumplan con la ley, ya que en la proporción de su falta de pruebas de que se actúa bien y a tiempo se abren cuestionamientos sobre la viabilidad misma de dichas corporaciones, en medio de una agudización en cuanto a las expresiones violentas del crimen organizado.