En el ciclónico arranque de la presidencia de Enrique Peña Nieto hay una cantidad importante de elementos a analizar que tienen que ver más con una perspectiva de la funciones del Estado que con la necesaria administración del contexto histórico que condiciona a cada gestión.
Uno de esos asuntos de fondo se refiere a las medidas anunciadas como ejes y acciones de gobierno el mismo día de la toma de protesta ante el Congreso de la Unión.
Lo que de forma convencional es denominado como ciberguerra, pero bien podría conocerse como la disputa por la hegemonía en el control de la información -aunque sea un poco más largo, es más preciso-, es un aspecto que ningún país con serias aspiraciones de soberanía, libertad e independencia puede ignorar: es claro que el debate político, programático y teórico de la soberanía de los Estados tiene mucho tiempo que dejó atrás la visión tradicional de la capacidad de decisión propia.
Desde luego, hay factores que inciden, condicionan y en no pocas ocasiones imponen, decisiones internas a naciones y hasta bloques de naciones; sin embargo, hay las que pueden procesar de mejor forma dichas influencias. Una de esas maneras tiene que ver con las telecomunicaciones y la tecnología.
Previsión
Durante los doce años de gobierno panista no hubo ninguna inversión en generar los recursos que permitieran al país construir la siguiente etapa en cuanto a la capacidad y autonomía para generar y resguardar su información sensible.
Peor aún, en el gobierno que acaba de terminar hubo un solo indicio para tratar de garantizar el tránsito a una nueva era de competencia: la compra de un satélite a la empresa Boeing Military, hecha en la última quincena, denota la imprevisión en éste y en otros asuntos muy delicados para el futuro de México.
En otras ocasiones he tenido oportunidad de señalar que las órbitas espaciales que corresponden al Estado mexicano conforme al Derecho internacional, no sabemos quién ni para qué las usa. Ojalá que, al menos, estuvieran rentadas.
Volviendo al importante discurso de Palacio Nacional, al referirse el presidente de la República a la apertura a las inversiones en telecomunicaciones, así como al impulso a la construcción de ferrocarriles para transporte de pasajeros, plasmó dos vías de un mismo camino que tiene su confluencia justo en la formalización del inicio de una etapa donde la gestión e información del Estado mexicano quedará a buen resguardo soberano y, por otra parte, la diversificación de los sistemas de transporte terrestres facilitará la integración de regiones geoeconómicas y con determinada vocación social, cultural y productiva.
En ese fundamental proceso, el Congreso de la Unión jugará un papel de alta relevancia para darle sentido y visión a nuevas leyes que deben considerar en su discusión, contenido y redacción las condiciones de cerrada competencia con grupos que pueden vulnerar, afectar, manipular y destruir bancos y sistemas de información.
No pensemos sólo en gobiernos hostiles o con intereses determinados, sino en un mero puñado de activistas con cierta capacidad en el manejo de la tecnología para poder afectar severamente el funcionamiento de complejos sistemas de un cierto gobierno.
Instalados en esa vía, es muy conveniente que ante lo ofrecido por el presidente Peña Nieto se formulen protocolos de seguridad que le permitan a este y futuros gobiernos mantener y fortalecer la soberanía en la era de la cibernética plena.