Por el rumbo y cariz que están tomando las consecuencias directas e indirectas de los hechos en el tercer municipio más importante de Guerrero, la actitud del gobierno ha sido reactiva, lenta y sin objetivos claros: lejos de fijar la agenda, han sido los distintos grupos de interés, de presión, organismos nacionales e internacionales los que han aprovechado esa debilidad para avanzar en la reivindicación y ampliación de sus zonas de influencia.
Los efectos serán de larga duración. Lo que se dejó de hacer desde las oficinas federales ya no hay forma de reconstituirlo. En todo caso, si es que hay la disposición para hacerlo, aún quedan semanas y meses por venir donde se puede establecer una auténtica ruta de acciones encaminadas a tratar de reconstituir la credibilidad, por una parte, y, por la otra, garantizar que crisis como las de Iguala no pueden repetirse.
Sobre todo con una variable determinante, como es el ya iniciado proceso electoral federal de 2015, aunado a los procesos locales en que se elegirá a cientos de presidencias municipales, lo que hasta ahora se ha visto convertido sin duda (aunque ya lo era) en un eslabón político, administrativo, fiscal y de seguridad pública más del Estado mexicano.
Nos encontramos, así, no obstante lo no hecho, en condiciones para fijar y reforzar los intereses de la nación, donde además de un pacto se requieren decisiones que pueden no ser las más populares, pero que deben aplicarse para rescatar lo mucho que aún somos como sociedad y cultura.
Admisión
La manera dramática en que se nos ha revelado lo que somos en ámbitos que sabíamos que existían pero que por diversas razones nos negábamos a aceptar, toma la forma de una auténtica disfunción generalizada del sistema político —al menos en una amplia zona de la geografía del país—, para señalarnos dónde y por qué son nuestros puntos débiles estructurales.
De los factores coyunturales podemos hacer análisis por largas horas, pero eso no nos resolverá a profundidad y en serio las omisiones e irresponsabilidades que por generaciones hemos cometido.
Si bien es cierto que los culpables directos tienen nombre y apellido, lo mismo no puede decirse respecto del cabal reconocimiento y corrección de las causas que nos han traído hasta aquí.
Sin ese elemental acuerdo, o bien desde declaraciones y conclusiones generales, no habremos dados los pasos consistentes y correctos para rectificar el rumbo. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado; que la democracia por sí misma, en cuanto procedimientos electorales e instituciones, no resuelve nuestros problemas, e incluso los ha empeorado. De ninguna forma se trata de avalar posturas autoritarias o regresivas, sino de aceptar que el talante de buena parte de la clase política en general carece de patriotismo, lealtad institucional, vocación de servicio y apego a la legalidad. La acumulación de esas conductas, que se remonta a bastantes años atrás, solo nos ha heredado graves pérdidas, violencia sin fin, así como afectaciones irreparables a nuestra cultura y medio ambiente.
Debemos cambiar de ruta. La severidad de la crisis originada en Iguala, municipio que hereda su nombre de la primera embarcación naval de México como país independiente, sede fundacional en la expedición de documentos principalísimos de nuestra nación, nos recuerda lo que no hemos hecho bien.
La crisis se resuelve, en primera instancia, con más calidad de la ciudadanía y más civismo. Diagnósticos tenemos en abundancia. Pasemos a la acción, demos paso a una reforma social.