El sexenio de Enrique Peña Nieto, para fines prácticos, comenzó en la madrugada del 1 de diciembre. Golpeadores y vándalos a sueldo empezaron a reunirse desde las seis de la mañana a fin de atacar a la policía que resguardaba la Cámara de Diputados y la integridad física de legisladores e invitados especiales a la toma de posesión. Cometieron destrozos en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Centro Histórico. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De parte de quién? No se sabe.
En el transcurso de la refriega, el diputado Ricardo Monreal, que habría de fijar la posición de su partido, Movimiento Ciudadano, denunció en su discurso que ya se había producido el primer asesinato del gobierno de Enrique Peña Nieto. Mintió sobre la existencia de tal muerto y ni siquiera supo el nombre correcto de la persona herida.
El presidente Peña Nieto, ya electo, anunció 13 decisiones, alejado de retórica y de fantasear sobre un país ilusorio e inalcanzable. Son 13 decisiones, todas destacables y muy concretas. Vale la pena destacar dos de ellas: el anuncio del retiro de la controversia que planteó Felipe Calderón en contra de la Ley de Víctimas y la afirmación categórica de que en este sexenio que inicia se acabó con la herencia y la venta de plazas dentro del magisterio nacional.
Contra todo pronóstico, el domingo 2 de diciembre se firmó el Pacto por México entre las tres principales fuerzas políticas del país, en presencia de casi todos los gobernadores, excepción hecha de Marcelo Ebrard y, desde luego, con la suscripción del presidente de la República: 95 compromisos que constituyen un marco y un método de gobierno de todos y para todos, que de aterrizarse y ponerse en práctica pondrían a México en vías de ser una nación de primer mundo.
El tema de la educación está en el ojo del huracán. Es sabido el encono recíproco de tiempo atrás entre el nuevo titular de la SEP, Emilio Chuayffet, y la líder nacional del magisterio. Ambos personajes experimentados y viscerales. Es un hecho que es imposible que ignorara el presidente Peña Nieto al hacer esa designación. Es un área de política pública en la que se pueden dar por seguros cambios importantes.
Visiones
Anticipadas, con prudencia, se buscarán transformaciones drásticas en materias como energía y hacienda pública. Enfrentarán resistencias mayúsculas, pero esos dos ámbitos de modernización serán la prueba del ácido de la administración de Enrique Peña Nieto.
Muy significativo que el presidente de la Cámara de Diputados pida licencia y pase a ocupar la Procuraduría General de la República, en vísperas de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Cambian los equilibrios. El gobierno se orienta a administrar y procurar justicia por encima del uso desordenado e irracional de la fuerza pública. Al frente del aparato dedicado a ejercer el monopolio del Estado en materia de coacción se pone a un abogado de probada eficacia en vez de un policía que obligó a la necesidad de que el Ejército y la Marina estén en las calles para garantizar la seguridad de las personas.
En pocos días no han sucedido pocas cosas.