Nunca es deseable un desencuentro entre Poderes, sea por la materia que sea, pero por segunda ocasión la Comisión Permanente rechazó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenaba convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados con el fin de elegir al sustituto de la vacante existente en el Consejo General del IFE.
Como se ha de recordar, en una decisión no del todo transparente ni justificada, el consejero Sergio García Ramírez renunció anticipadamente a su encargo al término de la calificación del proceso electoral de 2012.
Se abrió la convocatoria para los aspirantes a dicha vacante y con el paso del tiempo se fue depurando la lista, hasta quedar solamente en cinco candidatos.
De acuerdo al artículo 41, apartado D, fracción quinta, corresponde a la Cámara de Diputados elegir a los consejeros del IFE. Se sabe que los cinco candidatos finalistas no cuentan con la mayoría calificada que establece la ley para que alguno de ellos logre su elección.
En lo inmediato, la vacante no afecta mayormente el funcionamiento del Consejo General del IFE: no hay elecciones federales en puerta y en octubre concluyen su periodo otros consejeros, por lo que en opinión de la mayoría de los legisladores la elección de la vacante actual podría esperar hasta esas fechas.
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Sin embargo, el Tribunal Electoral resolvió que se convocara de inmediato —textual— para concluir el procedimiento iniciado hace ya algunos meses.
Esto se podría interpretar en dos sentidos, es opinable: una posible interpretación es que la resolución del Tribunal le exige a la Comisión Permanente que convoque a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para elegir al sustituto; así lo interpretaron al principio algunos legisladores.
Pero puede haber otra interpretación, esto es, que concluya la Cámara de Diputados el procedimiento aunque ello tenga como resultado que no se elija a ninguno de los finalistas por no alcanzar alguno de ellos los dos tercios de los presentes.
Parecería que esta segunda opción era la más atendible para que no quedara en la opinión pública la idea de un desacato entre poderes.
Pero, en fin, se optó por rechazar el mandato del Tribunal Electoral, que tampoco era muy preciso al decir que de inmediato —¿qué es eso?— y todo indica que la elección del sustituto se hará en paquete junto con las vacantes que se produzcan a fin de año, lo que abre la posibilidad de seguir las negociaciones y que los partidos con peso decisivo en la votación lleguen a un diseño de reparto y de cuotas, como algunos críticos han señalado.
Lo cierto es que al día de hoy ninguno de los cinco finalistas fue considerado como idóneo para ocupar la vacante. Lo cierto también es que el tribunal ordenó a otro Poder hacer algo que correspondía exclusivamente al Poder Legislativo; lo cierto, por último, es que queda un desencuentro que no fue zanjado de la manera más afortunada.