Hay un intento evidente de tratar de confundir y de politizar todo lo relativo al Informe de la Comisión Especial de Seguimiento de los Recursos Federales destinados a la Construcción de la Línea 12 del Metro, comisión creada en la Cámara de Diputados y cuyo informe final será remitido a la Procuraduría del Distrito Federal y a la Procuraduría General de la República para que se deslinden las responsabilidades de funcionarios a que haya lugar en caso de faltas administrativas o ilícitos de índole penal.
El ex jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dice que se está politizando un asunto de carácter técnico. Se equivoca o miente con objeto de victimizarse. Afirma que todo está orquestado por el presidente Enrique Peña Nieto y Los Pinos.
Vamos por partes. La suspensión del servicio de la Línea 12 del Metro fue ordenada, con buenas razones, por el jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, que si bien recuerdo fue procurador de Justicia del Distrito Federal con Marcelo Ebrard, y contendió y alcanzó la gubernatura del DF con las siglas del Partido de la Revolución Democrática en la boleta.
La decisión de Mancera estaba fundada en fallas en las vías, vagones de ferrocarril no aptos para la operación de esa línea, daños innecesarios en las inmediaciones de la obra, fallas de todo tipo que ponían en grave riesgo la seguridad de más de medio millón de usuarios diarios de la llamada Línea Dorada, que rebasó por mucho los costos iniciales de su ejecución y cuya diferencia tuvo que sufragar el gobierno federal pero siempre bajo la responsabilidad del anterior jefe del GDF y de su equipo.
Inexistencias
Miente Ebrard con ánimo de victimizarse y de politizar, argumentando que se le ha negado el derecho de audiencia.
Miente o por lo menos ignora las reglas del Poder Legislativo. Piense el lector que no es funcionario público —como es el caso de Ebrard— qué sucedería si una comisión legislativa lo cita a comparecer y no acude. ¿Qué pasaría? Nada, porque una comisión legislativa no está facultada para citar a un particular. Se le puede invitar, se le puede exhortar a que asista, pero no enviarle un citatorio imperativo.
La afirmación recíproca es igualmente cierta y válida. Si un particular, como es el caso, desea ser escuchado por una comisión legislativa, la comisión puede rechazar su exigencia con base en la ley.
Hay otras instancias posteriores donde el derecho a la audiencia debe ser observado y aplicado, como son la administración de justicia, las procuradurías y, eventualmente, dependiendo de la indagatoria, el Poder Judicial.
Ebrard ha alegado la obstrucción de un derecho que no existe ante el Poder Legislativo.
Ha transcurrido casi un año desde la suspensión del servicio y no se ve para cuándo se reanude. Mejor que ello suceda con absoluta certidumbre para los usuarios que en la inseguridad que abrió la prematura inauguración de Ebrard a finales de su administración.
Nadie más que él está politizando la investigación. En el informe no hay imputaciones personales directas. Y como bien ha dicho el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, “no es político el que se hayan gastado 45 mil millones de pesos sin tener un producto que le sirva a los ciudadanos del DF. El gobierno federal no fue el que detuvo el funcionamiento de la Línea 12”.