Acontecimientos recientes ocurridos en el estado de Michoacán obligan a que los actores políticos asuman posiciones reflexivas y sobre todo cuidadosas. No es desde el partidarismo donde se pueden hallar soluciones de fondo a la complejísima problemática por la que atraviesa esa entidad, en particular en la región de Tierra Caliente, pero no solo ahí.
Es inevitable echar una mirada hacia atrás.
Michoacán se empezó a descomponer, hay que decirlo, con la aparición del Frente Democrático Nacional en 1988. Se convirtió el estado en un santuario, junto con Guerrero, de la protesta electoral. Se tomaron por la fuerza y se defendieron con las armas diversas alcaldías. Más de 40. En 1992 el candidato del PRI a la gubernatura ganó la elección con un margen indiscutible. El entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y el regente del Distrito Federal, Manuel Camacho, se pusieron a jugar a aprendices de brujos y negociaron un interinato que dejó insatisfechos a todos. Ese es el origen de la ingobernabilidad en Michoacán.
Sobre esa base comenzaron a crecer territorios de tráfico de enervantes en municipios como Jacona, Aguililla, Temascaltepec, Buena Vista y -la joya de la corona de las rutas- Lázaro Cárdenas, al que con el paso del tiempo el Cártel del Golfo y después Los Zetas harían el centro de decisiones de la ruta del Pacífico.
Agricultores y jornaleros fueron sometidos al imperio de ese territorio del crimen que destruyó el tejido social.
Al paso de los años los locales sometidos desafiaron al poder dominante y tomaron el control del nuevo giro que había tomado el estado. Lo que antes era territorio en disputa se convirtió en La Familia, la que a su vez sufrió divisiones por la muerte de algunos líderes, el más importante Nazario Moreno, en una operación en la que estuvieron implicadas áreas de inteligencia de Estados Unidos y que el gobierno mexicano no negó. Así de grave y así de profunda es la descomposición que no se arregla con voluntarismos que exigen la desaparición de poderes.
Epicentro
No se soluciona así, en primer lugar, porque no es una declaratoria del Ejecutivo la que constitucionalmente desaparece los poderes.
En la Carta Magna toca al Senado decidir si los poderes han desaparecido, de facto. No es una declaratoria. Los poderes no se desaparecen de un plumazo o de una componenda parlamentaria.
En segundo lugar, quienes buscan una salida tan extralegal como la desaparición de poderes, inconsciente e ingenuamente le hacen el favor a quienes han sembrado el terror y la autarquía en los últimos años en Michoacán.
El 10 de diciembre de 2006 comenzó la cruzada del gobierno contra el tráfico de enervantes en Apatzingán, Michoacán. A siete años de distancia, Apatzingán sigue siendo el epicentro de confrontaciones y ahora de actos de sabotaje. Algo no funcionó. Eso tiene que reconocerse. Ha habido un déficit de inteligencia policiaca y de gobernabilidad en lo social, no en la coacción de la fuerza pública. Esta ya probó que no da resultado.
Es tiempo de reflexionar sobre Michoacán sin ánimo partidario, sin estar viendo hacia la elección de 2015. Es el momento de respaldar al gobernador, pese a su estado de salud, y ante todo apoyar decididamente la presencia del gobierno federal en todos los ámbitos de política pública para rescatar a la mayoría de los michoacanos y algunos pocos michoacanos de sí mismos.