En el transcurso de la semana nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su Segunda Sala, decidió revocar el amparo que un Tribunal de Distrito había otorgado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El amparo implicaba que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría que asumir la responsabilidad de patrón sustituto, mantener el contrato colectivo del sindicato con la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro y recontratar a los casi 16 mil trabajadores que durante los tres años transcurridos desde la extinción de LyFC, el 11 de octubre de 2009 se han negado a cobrar su indemnización.
Hay varios aspectos a resaltar.
Confluencia
Uno —otra vez—, es que tiene que ser la Suprema Corte la que enmiende y corrija fallos sin sustento de instancias previas. Lo vimos la semana anterior en el caso de Florence Cassez. En el caso del SME, la SCJN afirmó que el Tribunal de Distrito que había otorgado el amparo malinterpretó la Ley Orgánica de la Administración Pública en una errónea sentencia de quién era el patrón original.
Asimismo, a lo largo sobre todo del primer año posterior a la extinción, casi 28 mil trabajadores de la extinta empresa cobraron sus indemnizaciones por tres años de salario integrado, un bono adicional y oportunidades de trabajo en otras ramas de actividad.
Otros 16 mil se aferraron al lucrativo espejismo de su líder Martín Esparza y mantuvieron su lucha, que desde un primer momento era previsible que perdieran.
La Suprema Corte deja a salvo su derecho de que en el presente cobren su indemnización, sin los bonos e incentivos que podrían haber recibido en la etapa inmediatamente posterior a la crisis del organismo.
¿Quién ganó? Por un lado, Martín Esparza y su Comité Nacional, que de tiempo atrás habían logrado descongelar los fondos del sindicato y que siguen manejando a su antojo. Ganó el interés nacional, porque Luz y Fuerza del Centro se había convertido en un pozo sin fondo que costaba, en 2009, 42 mil millones de pesos y que anualmente seguirían en aumento.
Para tener una idea de lo que significa esa cifra: el subsidio ese año representaba el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Perdieron los trabajadores, tres años sin indemnización y sin ingresos.
Desde un punto de vista jurídico, la resolución de la SCJN significa punto final. Desde un punto de vista político y de movilización social, esto no ha acabado. Ya vimos en 2012 la manera como Martín Esparza penetró y contaminó al movimiento #YoSoy132 y los coqueteos del Distrito Federal, tanto de Marcelo Ebrard como de Miguel Ángel Mancera, con las movilizaciones de los electricistas.
Agreguemos, en paralelo, el proceso de institucionalización de López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional, así como el inicio de un año legislativo en el que la piedra de toque será la reforma energética. Vienen para los automovilistas semanas, tal vez meses, de auténtica pesadilla, sin que la autoridad local intervenga.
Será escándalo internacional, porque el SME acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habrá que darle seguimiento a la confluencia de opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto, que entra a partir de esta semana en una zona no tan confortable como la fue la de los meses de transición y los primeros 60 días de gobierno.