Esta ha sido la semana de la seguridad para bien y para mal.
Se dio a conocer el esquema de seguridad pública que seguirá el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son seis ejes: planeación, prevención, protección de derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación y retroalimentación.
El esquema se sustenta en un nuevo arreglo institucional que suprime la Secretaría de Seguridad Pública Federal e inserta sus funciones en la Secretaría de Gobernación.
El anuncio de la nueva estrategia contra la delincuencia hecho por el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responde a una exigencia pública de la ciudadanía de paz y de reducción de la violencia. Todo eso está bien, pero no es sencillo ni a corto plazo.
En los primeros 15 días de la actual administración ha habido más de 200 muertos relacionados con el crimen organizado. No podría ser de otra forma: la dinámica de la delincuencia no se ajusta a dinámicas institucionales. Pero es una advertencia.
Por ejemplo, los 21 muertos en un reclusorio en Lerdo, Durango, sólo son un aviso y una reiteración de que el cambio de una administración no modifica el proceso delincuencial que agobia al país.
La nueva estrategia contra la delincuencia y contra el crimen no ofrece muchos detalles. Es comprensible. La necesidad de ofrecer información a la opinión pública no debe confundirse con la ingenuidad de prevenir a los criminales.
Raíces
Sin embargo, hay aspectos que no fueron abordados, como la coordinación de fuentes de inteligencia y de información entre instituciones que por necesidad incumben al Estado mexicano, como Plataforma México, CISEN, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, policías estatales, seguridad pública de municipios grandes, agencias de seguridad internacionales que operan en México.
La masacre de reos y custodios en el reclusorio de Lerdo sólo es la bienvenida del México violento al nuevo gobierno. Se trató de un reclusorio controlado por el Grupo de la Última Letra, ante el intento de la autoridad de trasladar a esos reos a otros puntos de detención.
El poder informal es enorme y también su radio de acción. El saldo de muertos ante el rechazo al desplazamiento sólo refleja lo de siempre: falta de planeación. ¿Así se estrenan las nuevas autoridades y sus recientes arreglos institucionales?
El problema de seguridad pública en México tiene hondas raíces de extrema complejidad de carácter económico, educativo, cultural, racial, regional, agrario, aspiracional, generacional... Sería un grave error generar expectativas en cuanto a resultados en plazos relativamente cercanos.
Nadie puede no estar de acuerdo con los anuncios hechos por el gobierno respecto de su nueva estrategia, pero nadie puede esperar que al día de mañana, con el camino emprendido, México se pueda sentir seguro y sus ciudadanos por igual.
Habrá que ver en las operaciones específicas de la estrategia gubernamental qué resultados se van dando y apreciar si hay un cambio en la disminución de la violencia, del delito y de la percepción de la inseguridad personal, que nada tiene que ver con las guerras o guerritas del crimen organizado en la que nos involucró a todos el, por fortuna, ahora ex presidente.