Por Katia D’Artigues
Estamos a unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Hoy, ante la disyuntiva de cómo retomar o reiniciar una investigación cuyos resultados todo el mundo descalifica (bueno, todos menos Jesús Murillo Karam), escribo dos reflexiones del tema.
Los cambios
Durante estos cinco años pasamos de la criminalización de las víctimas, campañas de descrédito a expertos internacionales independientes y la negación con respecto de que existen miles de personas desaparecidas y fosas clandestinas en el país, a otro discurso. Ahora se acepta la realidad dolorosa.
En México hay una crisis de derechos humanos y se dan pasos para medirla, pararla (todos los días desaparecen personas en el país y más con la crisis migratoria), encontrar lo que se pueda, cerrar heridas, hallar una verdad. Será algo que nos tomará décadas.
Pero cambios hay y para bien. ¿Quién hubiera pensado que en otro momento el cuartel militar de Iguala, Guerrero, se abriría a cierto escrutinio? ¿Que el presidente se tomaría una fotografía histórica en la escalinata de Palacio Nacional con las familias de los 43 y realizaría el conteo? La asistencia internacional regresó. Hay un nuevo fiscal.
Es más, se aceptó lo que en otros años era impensable: la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y su visita a nuestro país. Eso sí, el actual gobierno marca una distancia clara con el anterior e incluso anuncia que investigará a funcionarios anteriores. Es decir #FueElEstado, pero el Estado pasado.
La esquiva verdad y el Poder Judicial
Pero ¿sabremos algún día qué pasó con los estudiantes? ¿Cómo hacer para, a cinco años de distancia, encontrar una verdad cuando tanta evidencia se ha perdido, por más líneas de investigación que no se han explorado? Sabemos que hubo declaraciones bajo tortura. Por ello ahora 77 de 142 detenidos salen: un juez los libera en un sabadazo.
Entiendo y comparto la indignación de Alejandro Encinas cuando dice: “Muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país, que huele a podrido. Ya es el momento de hacer cambios profundos”. Sí, es verdad. Alcanzar justicia en México es un largo y sinuosísimo camino pero, ¿cómo hacerlo de acuerdo a Derecho y respetando el debido proceso?
¿Cómo hacerlo, además, en un momento en el que el Poder Judicial (con la corrupción y el nepotismo por todos aceptada) es, al mismo tiempo, el único poder que puede hacer de balanza frente a un Ejecutivo poderosísimo y un Legislativo con mayoría del partido gobernante?
En una columna pasada le contaba de la gran reforma del Poder Judicial que se gesta y negocia. Es importante leer en ese sentido la propuesta de la “autorreforma” que hace esta semana el ministro presidente Arturo Zaldívar en su columna (aquí la puede leer: https://bit.ly/2kOa3ws ).
El vendedor de silencio
“Los periodistas debemos estar informados de todo, pero no necesariamente divulgarlo. Para serte franco, un periodista gana más dinero por lo que se calla que por hacer alharaca. En este negocio no solo vendemos información y espacios publicitarios: por encima de todo vendemos silencio”.
La cita es de una novela que hay que leer, querido lector, lectora. Se llama El vendedor de silencio, de Enrique Serna. Es una novela biográfica —con base en una amplia investigación— sobre un reportero mexicano a la par de talentoso que corrupto: Carlos Denegri.
Estrella de Excélsior en los cincuenta y sesenta lo que relata la novela no habla del pasado sino del presente de la prensa mexicana y su relación con el poder. Eran (¿eran?) tiempos en los que todo el poder emanaba de una sola persona: el titular del Ejecutivo. Todo negocio, futuro político o periodístico dependía de él. Hay que leerla para combatir el cinismo.