Pues sí, el mundo en el que vivimos está lleno de mentiras. Desde que fue posible que cualquier persona pudiera publicar algo y hacerlo viral —sin un mínimo de ya no digan siquiera sentido común— en el planeta nos exponemos a ello.
El resultado es que hoy por hoy, además del Covid-19, estamos expuestos a una infodemia de información tal, que hasta la persona más sensata (o eso pensábamos) de nuestra familia manda en el chat o en la multitud de chat que tenemos cierta información sin lógica, solo “por si acaso”.
Pero bueno, dejemos de lado a la ciudadanía. Lo peor es que la desinformación viene hasta de instancias del mismo Estado, del que deberíamos esperar que promoviera información confiable. Pero no, ahora resulta que el mismo presidente, en su afán polarizador, dedicará tiempo en su muy vista conferencia mañanera para hacer todos los lunes un “quién es quién en las mentiras” de la prensa.
Esto que podría sonar razonable para acotar la infodemia que surge por doquier, desgraciadamente tiene una connotación ideológica porque el habitante de Palacio Nacional lo centró, como lo hace todo, en que es una lucha contra la información que difunden “los conservadores”, a quien llama sus “adversarios”.
En fin, que no acabamos de terminar con las elecciones del 6 de junio cuando ya se cierne sobre nosotros otro llamado a las urnas: una consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto —bien a bien no sabemos en qué condiciones porque el INE no tiene el presupuesto para llevarla a cabo— para preguntar no una mentira sino algo obvio que se utiliza como otra arma a favor de la rampante polarización.
Me refiero a la mal llamada —un truco, de nuevo mentiroso— “consulta para enjuiciar a los expresidentes”. Es mentira porque la pregunta aprobada en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no menciona a los expresidentes (porque sería inconstitucional) y acabó siendo una pregunta al menos confusa, abierta y que incluso en una lectura amplia podría aplicarse hasta al mismo gobierno en turno.
Hay que recordar la pregunta, que va así (los paréntesis son míos): “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados (en los años pasados a partir de la consulta, es decir, podría aplicar al mismo gobierno de AMLO) por los actores políticos (actores políticos tiene una connotación amplísima, de ahí que no aplica solo a expresidentes), encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? (¿hay que consultar, en serio, si hay que garantizar la justicia y los derechos? Recordemos la contundencia, cuando se dio la discusión en el propio seno de la Suprema Corte, del ministro Javier Laynez quien dijo en pocas palabras: ‘La justicia no se consulta’)”.
Pero aquí estamos en el seno de la opinión pública y publicada cayendo una y otra vez, como dijo Carlos Bravo Regidor, en las “armas de distracción masiva” de López Obrador, quien ni duda cabe es un gran comunicador.
Provocaciones
Trampas carísimas también, por cierto: esta consulta —contraria al “austericidio” que vivimos en muchas áreas del gobierno— costaría unos 505 millones de pesos. Y además solo será “válida” si es que llega a contar con 40% de la participación del universo de todos los electores posibles requerida, cosa que puede no suceder. Y entonces, ¿no juzgaremos a quienes se tendría —consulta o no— que juzgar si es que se comprueba que cometieron algún delito? Qué enorme paradoja.
Luego, en marzo de 2022 vendrá la consulta de revocación de mandato de AMLO. ¿En serio queremos meternos en este merequetengue de consultar si un presidente electo debe o no quedarse el tiempo para el que fue legítimamente electo en el poder? Si gana, que bien puede hacerlo, abre la puerta para que otra consulta lo ratifique en el poder más allá de 2024, por más que él diga que se irá a su rancho en Palenque y no quiere saber nada más de la política. Si pierde, peor: no solo nos metería en un proceso legal sin precedente (afortunadamente ya regulado) y el Congreso tendría que nombrar a un o una presidenta sustituta por mayoría absoluta (que AMLO no tiene) en ambas cámaras legislativas.
En lugar de hablar de, no sé, la masacre de Reynosa, la inseguridad rampante, el fracaso del regreso presencial a las escuelas, la baja tasa de vacunación… caemos en las provocaciones presidenciales. Incluyendo esta discusión de desaparecer a legisladores plurinominales —¿fue un logro de la izquierda, por cierto?— cuando el presidente no tiene mayoría para sacarla en ninguna de las dos cámaras.