Llamó la atención desde que se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México. ¿Reformas al Código Penal de la capital para equiparar como “servidores públicos” a aquellas personas que dirigen o administran organizaciones de la sociedad civil y que reciben dinero del gobierno para hacer sus acciones? ¿En serio?
Lo que implica es, sin dudarlo, un intento por “controlar” a la sociedad civil que en estos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador le han sido críticas (como también en los gobiernos anteriores) pero que también realizan labores a las que el gobierno renunció por su tendencia a desaparecer instituciones y librarse de los famosos “intermediarios” que tanto le chocan al presidente, quien quiere que todo surja de él y le sea agradecido.
Ser parte del servicio público tiene sus regulaciones. Son estrictas, aunque a veces parece desde la ciudadanía que no lo son tanto por la impunidad y la corrupción que aún impera en el país, por más que el autor de las mañaneras con un decreto que no se ve en la realidad diga que ya no existe.
¿Qué implica esta reforma al artículo 256 del Código Penal? Bueno, que el o la directora de una organización de la sociedad civil, del tercer sector, que reciba dinero público para, por ejemplo, dar refugio a mujeres violentadas o atienda a niños en guarderías (tras que este gobierno decidió cancelar —sin dar ninguna opción B más que “que sus abuelos los cuiden”— las que se crearon en la Secretaría de Bienestar) ahora tendrían que presentar declaraciones patrimoniales y podrían ser juzgados por abuso de autoridad (cuando no lo son), tráfico de influencias, uso ilegal de la fuerza pública, peculado, intimidación y por supuesto corrupción, por decir solo algunos.
Afortunadamente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) una acción de inconstitucionalidad el pasado 5 de julio, que argumenta que dar el trato al llamado “tercer sector” de servidor público no solo está en contra de la Constitución sino de diversos tratados internacionales de derechos humanos. Una preocupación particular es que los artículos que se impugnan contravienen el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1 de la Constitución; también el principio y derecho a la seguridad jurídica (artículo 16).
Criminalización
El miércoles 71 organizaciones de la sociedad civil convocadas por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) publicaron que apoyan esta acción de inconstitucionalidad, que preparan ya un amicus curiae que harán llegar a la SCJN con argumentos que apoyan que esta ley de la CDMX debe declararse inconstitucional.
“En cualquier democracia es indispensable la existencia de una sociedad civil fuerte y organizada que coadyuve con el Estado y la iniciativa privada para hacer avanzar al país”, dice el comunicado. También resalta que se manifiestan contra la “criminalización” del sector y que se inhiba la acción de los ciudadanos a favor del bien público.
No es el primer signo de “ataque” a organizaciones de la sociedad civil, que claramente no le gustan al presidente. También estuvo la crítica en mayo, antes de las elecciones, e incluso la nota diplomática que se envió al gobierno de Estados Unidos, cuando en la más difundida tribuna del país (que ahora también critica a comunicadores supuestamente por decir noticias falsas) el presidente se quejó de ciertas organizaciones que reciben dinero de ese gobierno extranjero y aseguró que estaban contra él y su gobierno. “No es ilegal en Estados Unidos”, dijo entonces, “pero aquí sí porque todos ellos están en campaña contra nosotros”. Y se refirió en particular a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que publica reportajes de denuncia, los cuales no comenzaron en este sexenio.
Cuatro días antes de la visita a nuestro país de la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, un día después de las elecciones, la respuesta —muy diplomática— del gobierno de Washington se dio vía un memorándum de Estudio de Seguridad Nacional publicado por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden no solo ordenó mantener el financiamiento a periodistas y organizaciones civiles de otros países, sino aumentarlo.
En resumen: si uno recibe dinero del extranjero, mal; si lo recibe del propio gobierno local —que tiene muchos controles sobre todo para donatarias autorizadas y eso está bien— también mal.
Hay también un argumento por ahí que se viene esbozando desde la Secretaría de Hacienda: que en seis años el monto de deducciones hechas por contribuyentes a donativos de la sociedad civil aumentó en 49.3%, mientras que los ingresos fiscales sólo 11.3%. Es decir, hoy por hoy se dona casi cuatro veces más a organizaciones filantrópicas.