Es un problema mundial que hasta ahorita nadie ha resuelto y que preocupa. Es un verdadero tetris en el que deben tomarse en cuenta derechos y fuerzas que se oponen: el derecho a la educación de las personas que estudian (no todas son niños y niñas) y también el derecho —y, más aún, la necesidad— de sus padres y madres a trabajar para sostener a la familia. No habrá plena reactivación económica en esta larguísima pandemia sin que los niños regresen a clases.
Pero también se sabe que regresar a niños, niñas, adolescentes e incluso adultos a clases puede poner en peligro a la comunidad al aumentar la cantidad de casos de Covid-19. Hay que equilibrar esto también con el derecho a la salud.
La ONU misma alertó del tema esta semana vía un video de su secretario general, António Guterres, muy preocupado: “Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”.
Reiteró el llamado a los países a regresar a los niños a las escuelas en cuanto se tenga controlada la transmisión local del nuevo coronavirus (que en México, al menos, no sabemos bien a bien cuándo será: el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, se ha mantenido firme en que no se hará el regreso presencial, y con cuidado, hasta que estemos en un semáforo verde estable).
Los datos preocupantes siguen. La UNESCO teme que 24 millones de alumnos de todos los niveles abandonen su educación. De por sí ya había una crisis educativa mundial con más de 250 millones de personas en edad escolar que no estaban en planteles educativos.
Escuela a distancia: imposible para todos
Por lo pronto en México ya se anunció una fecha para un regreso virtual a las aulas: el 24 de agosto. Se hará con más apoyos de cuando la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, sin preparación posible, pero también se hará de la mano de un recorte anunciado a toda la administración pública por la misma pandemia, lo cual es casi criminal. Se necesita más inversión del Estado en el tema y no menos.
Incluso un programa que pudo haber sido, que debería ser, uno de los modelos a seguir y mejorar está en riesgo: me refiero a Prepa en Línea. Hasta mitad de julio, al menos, cerca de dos mil académicos del programa estaban sin pago. El presupuesto que se discutió el año pasado para este incluso preveía un recorte grave de casi 75 por ciento.
Iniciarán las clases virtuales y la SEP ya ha dicho que prevé desde ahora capacitaciones a maestros, luego capacitaciones a padres y madres de familia (¿a qué hora haremos esto si tenemos que trabajar también?). Y aunque se han ampliado las redes por las cuales los alumnos podrán seguir los cerca de cuatro mil programas de televisión que se han hecho, no llegarán a todos lados.
Pese a la colaboración de las televisoras privadas una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones reitera que hay 11% de hogares en zonas rurales en México que no cuentan con televisor. De internet ya ni hablamos.
Y luego está el tema de las mismas escuelas que están en riesgo de cerrar porque la pandemia afectó y seguirá afectando la economía de las familias. Se calcula que colegios privados perderán 40% de alumnos, unos 800 mil estudiantes, que intentarían migrar al sistema público que tiene deficiencias. No podrá acogerlos a todos. Si antes no podía, ahora menos.
Hay poblaciones, además de las rurales, que también están en peligro y ya tienen un rezago: los alumnos con discapacidades (que necesitan en su mayoría una educación más personalizada), los migrantes, los refugiados.
El esfuerzo que ha hecho la SEP para tener intérpretes en Lengua de Señas Mexicana en los programas por televisión no es suficiente. Propuestas hay muchas de parte de maestros y maestras comprometidos y la sociedad civil, pero volvemos al inicio, cruel serpiente que se muerde la cola: no hay dinero para implementarlas. Y hay que decirlo claro y fuerte: es una barbaridad.
Si algo ha hecho esta pandemia es exacerbar, poner la lupa en un sinfín de desigualdades. En el sistema de salud queda clarísimo y en el de acceso a la justicia —por eso seguimos hablando del video del asaltante de la combi en un país en el que se castiga solo uno de cada diez delitos—, pero también en el educativo.