Aunque “en lo personal” ha dicho muchas veces que no está de acuerdo con juzgar a personajes del pasado porque impide el avance del país el presidente mandó una pregunta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida, a más tardar el 5 de octubre, si se puede someter a consulta popular un juicio a expresidentes que incluyen desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Esto del juicio (en un país donde 99% de los delitos, todos, quedan impunes) es una petición reiterada de grupos al interior de Morena que incluso organizaron una reunión de firmas —necesitaban más de dos millones que contabilizaría el INE—. El presidente decidió apoyar mandando la pregunta ya que estaba en duda que lo consiguieran.
La discusión de si la consulta es constitucional o no se dará en la SCJN. Si pasara, luego tanto el Senado como la Cámara de Diputados deberían votar si se hace o no para el primer domingo de agosto de 2021, dos meses después de las elecciones que renovarán 15 gubernaturas, toda la cámara baja, ayuntamientos… En fin, la elección hasta ahora más grande de nuestra historia. Para que fuera vinculante, después tendría que ser votada por al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal: casi 36 millones de personas.
Será un ministro quien analice la pregunta y proponga una respuesta sobre su constitucionalidad; luego se discutirá y votará en el pleno de la SCJN. Le tocó nada menos que al expresidente de la SCJN, Luis María Aguilar.
Es esta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
¿En verdad tiene posibilidad de que pase un análisis mínimo de constitucionalidad? Por lo que he leído de voces autorizadas, constitucionalistas, de Pedro Salazar Ugarte a Miguel Carbonell a Leticia Bonifaz, no. Es imposible. Porque estaría dirigido a personas en particular, porque viola derechos humanos como el debido proceso, porque podría no tener facultades el MP para hacerlo...
Pero lo que también es imposible, me parece, es que el propio López Obrador no lo sepa de antemano. Hubiera bastado una llamada, un cruzarse la calle a hablar con su vecino, preguntarle a Julio Scherer, quien seguro lo sabe, lo sabe (y no es la BOA). ¿Para qué hacerla, entonces?
¿Apuesta?
Ya en una columna pasada, ante la falta del ministro presidente de la SCJN y del fiscal general de la República en el Segundo Informe de Gobierno, subrayé esta frase que le salió a AMLO de su ronco pecho: esto de que ambos personajes eran “arrogantes” por “sentirse libres”, aunque sí, lo dijo en un contexto de respeto a la división de poderes y la autonomía de ambas instituciones.
Zaldívar tampoco fue al Grito en Palacio Nacional pero, ojo, sí acudió al desfile militar y sobre todo a la entrega de medallas a 58 integrantes del personal médico que luchó y sigue luchando contra el Covid.
Me parece que rompimiento entre Zaldívar y AMLO no hay. Que siguen teniendo una buena relación, pero me preocupa la expectativa que genera en este país en el que mucha gente, como dice el dicho, no busca quién se la hizo sino quién la pague. Que tiene, la verdad, ánimo de venganza y no de justicia con todas sus garantías. Y sí, también porque en muchos casos la propia justicia nos ha fallado, pero es pésima idea golpearla en lugar de fortalecerla.
Porque la consulta popular con firmas recaudadas —aunque estuvo a punto de fracasar— sí fue firmada por al menos dos millones de personas que tienen una expectativa; porque esto del juicio a los “villanísimos” expresidentes (en el discurso presidencial creadores de todos los males con los que ahora él tiene que lidiar) sí es algo que está alto en el deseo de la población en general como se ve en las encuestas, aunque les haya costado tanto trabajo recolectar las firmas, paradójicamente.
Es un escenario de perder-perder para la SCJN. Si no la autoriza, como creo que pasará, podría ser un golpe a la institución si es que no hay una muy, muy buena estrategia de comunicación que explique por qué no se puede permitir una pregunta así. Podría ser, aunque haya buenas relaciones, un golpe a la SCJN que ya alguna vez tacharon de elitista y costosa cuando es esencial para el país. La pregunta correcta, como ya lo han dicho otras organizaciones debería ser otra, no una que de antemano tenga personas a señalar sino muchos hechos, muy dolorosos a esclarecer. Por cierto, la puede consultar aquí: https://mpjd.mx/comunicados/la-pregunta-correcta/.