Es un tema que polariza. Cada quién hará en libertad lo que quiera de acuerdo a su conciencia, a sus creencias. Pero si hablamos solo del ámbito legal y de derechos no hay marcha atrás: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las históricas sesiones de pleno de septiembre, lo dejaron claro. La interrupción legal del embarazo en México está aquí para quedarse. Es una gran noticia.
No queremos ver las cifras pero ahí están. De 2015 a 2021 se han abierto cuatro mil indagatorias por el delito de aborto en México. En 2019, 717 casos; en 2020, 633; en lo que va de 2021, 432.
Hay cerca de un millón de abortos clandestinos al año. La gran mayoría son mujeres pobres que viven en zonas rurales. Están desesperadas y dispuestas a poner en riesgo su vida porque no quieren o no pueden ser madres. Es también un tema de salud pública.
Para recordar una frase que dijo Margarita Rios Farjat: “Para quienes toman esta decisión, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del Derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar”.
La clave es la libertad, la autonomía. El acceso a una vida plena sexual y reproductiva. A una adecuada planificación familiar. A hablar de sexualidad (que no solo es la cópula), a quitar esos tabúes. Nadie planea que el aborto sea un método de control natal.
¿Qué es lo mucho que ha cambiado en estos años? Es un tema social que avanza. En los últimos 13 años las discusiones legales cambiaron radicalmente en la misma SCJN. Esto no se entiende sin muchas voces. Abogadas feministas que han dado la batalla. Jóvenes feministas que han salido a la calle; la famosa “marea verde” de México y Latinoamérica.
No es lo mismo 2007 cuando la Ciudad de México —entonces DF— votó la interrupción legal del embarazo que ahora. Tampoco es la misma SCJN.
En 2008 en la Suprema Corte se discutieron sendas acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la entonces PGR (encabezada, qué paradoja, por Eduardo Medina Mora, quien si no se hubiera ido por “causas graves” que a la fecha desconocemos hubiera votado hace unos días) y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de José Luis Soberanes (lo hizo por un detalle técnico, en realidad guiado por sus propias creencias religiosas). Tampoco son lo mismo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008 que hoy.
Ahora había en el pleno por primera vez tres ministras (un récord; lejos de la paridad, pero por algo se empieza). Se hablaba de mujeres, sí, pero también de “personas gestantes”. Es decir: hombres trans, que nacieron mujeres, pero que por tener aún aparato reproductor femenino podrían optar por tener hijos.
Se hablaba de derechos y no de moral o religión. En 2008 el entonces ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano dijo ¡en el pleno! que era la moral judeocristiana, “si no cuál”, la que había impulsado el espíritu de los constituyentes en 1917.
Otras dos discusiones
En 2008 legisladores del PRI y del PAN, apoyados por grupos religiosos, impulsaron que 17 constituciones estatales, comenzando por Sonora, reconocieran el derecho a la vida desde la concepción. El 9 de septiembre se votó —por mayoría de ocho votos a favor, lo que se necesita para crear jurisprudencia obligatoria— otro proyecto. Se determinó que no se puede equiparar el concepto de persona —en términos jurídicos— con el de “vida desde la concepción” en materia de derechos humanos. Fue una discusión sobre una ley que establecía brindar la misma protección a una persona no nacida que a una nacida.
Al final de esta semana que termina comenzamos con otra discusión que cierra la pinza en el paquete de las mujeres y personas gestantes a decidir si son o no madres: si el personal médico que podría atender a personas que busquen terminar sus embarazos podría o no excusarse de realizarlos por “objeción de conciencia”.
Hasta ahora el ministro Aguilar considera que es una razón individual, parte de la libertad religiosa, que no podría invocarse en caso de urgencia o peligro de muerte y que por derecho a la salud se debe garantizar que haya personal de salud que sí haga el procedimiento. La discusión no terminó y se continuará el lunes 20 en el pleno.