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01 noviembre 2021
Katia D'Artigues
Columnas

MÉXICO ENOJADO

“Tras cada una de estas estadísticas hay una vida truncada”.

“No busco quién me la hizo sino quién la pague”, es una frase popular que por estos días me salta cada vez que escucho, leo, veo las noticias. La más reciente es el “encontronazo” declarativo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre un tema que se declaró inconstitucional en el alto tribunal esta semana: la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos (contrabando, defraudación fiscal y emisión o uso de comprobantes fiscales falsos) que habían sido declarados equiparables a delincuencia organizada.

Desde la mañanera el inquilino de Palacio, molesto, dijo (aunque aseguró que respetaría la decisión del Poder Judicial):

—¡Es seguir protegiendo a las minorías! Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís.

Mmm, yo lo creería, sí, si no hubiéramos visto hace apenas unas semanas a Emilio Lozoya comiendo pato muy quitado de la pena, pero bueno.

Y luego, ¡desde Tik Tok (sí, esa red social para chavos)! Zaldívar respondió con un video pedagógico donde contradecía el argumento presidencial:

—La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. La prisión preventiva se trata de una condena sin sentencia que por regla general castiga la pobreza.

¿Primero los pobres? En esto, como en muchos otros casos, no.

Datos duros

Dejemos a un lado esta discusión en particular, que sin duda es importante, pero veamos el bosque y no el árbol de estos delitos. ¿Quiénes están en la cárcel? La verdad es que cada día hay más personas y sí, muchas de ellas son las más pobres.

Esta semana lo documentó un reportaje en varias entregas de Animal Político e Intersecta: 70% de las personas en prisión preventiva son pobres, tienen trabajos precarios, solo cuentan con educación básica (cuando mucho hasta secundaria) y tenían que trabajar todos los días de la semana para vivir. Punto para Zaldívar.

A 80% de ellos los defienden abogados de oficio que están rebasados por el número de casos. En Jalisco, por ejemplo, un abogado lleva 300 casos al mismo tiempo. ¿Qué tipo de atención puede ofrecer?

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, 71% de quienes están en prisión se dedican al comercio informal o trabajo artesanal.

¿Más datos? A prisión va 85% de los detenidos sin que se les pruebe el delito.

¿Hay más o menos personas en la cárcel que en los últimos años? Hay más. Precisamente por las prisiones preventivas dictadas en 2019 y 2020 tras una reforma crecieron 25.5% y todo en plena pandemia por Covid y en prisiones sobrepobladas.

Hay otro dato escalofriante del Consejo de la Judicatura Federal: desde 2017 se dictaron 18 mil 153 prisiones preventivas y solo 753 han recibido una sentencia en juicio. Es solo 4.2 por ciento.

Tras cada una de estas estadísticas hay que subrayar que hay una persona, una vida truncada, una familia afectada.

Aunque la SCJN únicamente se pronunció sobre estos delitos (solo puede discutir lo que le llega por acción de inconstitucionalidad), lo cierto es que nuestros legisladores —y el gobierno— tienen una suerte de obsesión por pensar que la prisión preventiva, como por arte de magia, arreglará problemas sociales.

Cuando se discutió en el Congreso en 2019 la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esa pena —pese a la inconstitucionalidad, inconvencionalidad, que va en contra de la presunción de inocencia que primero argumentó— la oposición acabó sumándose en una suerte de bochornoso “quién da más” de delitos a agregar.

No funciona. Ojalá lo entendamos pronto. Se me hace una característica más de este país enojado, polarizado, donde hay una suerte de Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas en cada legislador y funcionario, pero que en lugar de decir: “que le corten la cabeza”, dice: “que lo metan a la cárcel”. Como si eso solucionara algo.