El lunes un decreto nos dejó boquiabiertos a los mexicanos. De inmediato se le llamó “el decretazo”. En el Diario Oficial de la Federación, con tres artículos sin mucha argumentación, el gobierno mexicano anunció que para (ojo) agilizar sus obras públicas prioritarias (también controvertidas) se declararán de “seguridad nacional”.
Que en pocas palabras si los permisos para las megaobras del sexenio no se daban en cinco días se darían de facto.
¿Pero qué significa declarar algo como de “seguridad nacional”? Según el mismo Gobierno de México, en una publicación del 18 de febrero de 2020, la “seguridad nacional” se enmarcaba dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública así: “La condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”.
La Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3, deja claro que son acciones para proteger al país de riesgos y amenazas, preservar la soberanía e independencia nacionales, la defensa del territorio. También mantener el orden constitucional, la seguridad de la Federación; fortalecer las instituciones democráticas del gobierno. Asimismo está defender al país frente a otros Estados o “sujetos de Derecho internacional” y “preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político”.
Como parte de su argumentación para declarar estos proyectos “de seguridad nacional” el mismo presidente habló de “trabas burocráticas” (¿que no dependen de su misma administración?).
Esos amparos que odia y peticiones de información pública que llevaron a la ciudadanía a saber que hay proveedores de esas megaobras, al menos, dudosos: proveedores que suenan a empresas fantasma (prácticas que este gobierno juró que jamás haría, por ejemplo) o bien personas que sin duda son ejemplo de superación personal: si bien antes se dedicaban a rentar inflables ahora proveen de alta tecnología. Milagros de la autollamada 4T.
Reglas
Se contrapone, verá, pequeño detalle, con otras leyes y derechos, como el artículo 113 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las personas en México, que pagamos impuestos, tenemos derecho a saber cuánto costaron esas megaobras. Parte de la democracia es que el gobierno debe ser una caja de cristal y ser auditado.
Se lo escuchaba a una mujer que respeto mucho y es experta en temas de transparencia: Alexandra Zapata. Esto de argumentar “seguridad nacional” se vale, sin duda, pero no indiscriminadamente. Es sólo para casos excepcionales. Pero me dejó pensando.
Este gobierno, me parece, abusa de su argumento de supuesta “excepcionalidad”. Se atreve incluso a este “decretazo”, llamado ya por varios juristas inconstitucional y que será controvertido ante la SCJN lo mismo que para el INAI —que al presidente también le estorba porque no ve la necesidad de tenerlo dado que su gobierno es excepcionalmente transparente al menos en su discurso— y fracciones de oposición en el Congreso.
“No somos iguales (a los gobiernos anteriores)”, es una de las respuestas comunes cuando se le hace ver que, por ejemplo, sí se permiten hacer cosas que dijeron que no harían, como más asignaciones directas que licitaciones transparentes.
Es su carácter “excepcional” al que hay que creer a pie juntillas o declararse en contra del proyecto “transformador” que encabeza, el “estás conmigo o contra mí”, el “eres liberal o conservador”.
Al parecer no entendemos que es excepcional y que por lo tanto puede jugar con otras reglas creadas por él mismo.
Uno de los argumentos lopezobradorianos es que así se agilizarán todos los permisos que dependen de la burocracia… ¡de su misma administración! O con lo que tendrían que enfrentar prestos abogados de su administración.
Es decir: una medida de la 4T para enfrentar las trabas de la misma 4T. Yo sé que las vacunas están hechas del bicho debilitado que se quiere combatir, pero esto ya parece mucho.
No sé usted, pero pienso en empresarios, de todos los tamaños pero en especial medianos y pequeños, que lidian años con permisos que parecen de concurso sobre el trámite más absurdo… y que en lugar de facilitar las cosas las vuelven más complejas.