Ricardo Monreal es un político de muchos años que no se “cuece” al primer hervor. ¿Será que el anuncio de que ya prepara una iniciativa para regular las redes sociales es también una suerte de distractor de otras cosas que están pasando?
No dudo que lo haga. O lo intente. Pero también sabe perfectamente que el solo anuncio provocaría, ipso facto, un acalorado debate.
Es difícil contener las otrora “benditas” redes sociales. Diferentes países han tratado de cuadrar el círculo de una posible regulación que no está fácil: respetar la libertad de expresión (con sus límites de fronteras con otros derechos, incluyendo el derecho a la verdad), regular empresas que están en otras naciones que se han vuelto verdaderos colosos que tienen todos nuestros datos porque se los damos de manera voluntaria y por lo tanto mucho, muchísimo poder y casi de manera monopólica. Lo que no me cuadra es decir que el internet es parte del espacio público y por lo tanto regulable. Eso es muy discutible.
Apenas el pasado 15 de enero, tras el asalto al Capitolio por seguidores de Trump el 6 de enero, el Harvard Business Review publicó (de Michael Cusumano, Annabelle Gawer y David Yoffie) un muy buen ensayo donde llamaban a las redes sociales a autorregularse ya.
Hay que aclarar aquí que en Estados Unidos sí han dado un debate académicamente interesante y con base en su ley, donde privilegian la libertad de expresión completa por sobre otras posturas, europeas, donde sí hay límites y sanciones claras.
Más que la cancelación de cuentas lo que a todos debería preocuparnos es la otra pandemia: la infodemia, donde las más ridículas y absurdas teorías de conspiración son creídas porque, como bien dijo Marty Baron ahora que se jubiló de la dirección de The Washington Post en una entrevista muy interesante para El País, “la gente se fía más de sus sentimientos que de los hechos”.
Ese es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que atañe lo mismo a periodistas que a la sociedad en general y a los gobiernos.
El tema es: ¿qué hacemos cuando la desinformación y a veces la franca mentira provienen de la tribuna más alta del país que por estos días no está en el Congreso sino en la conferencia mañanera? ¿Cuando la mentira, de nuevo, probada, viene de actores políticos encumbrados como, digamos, Trump en su momento, para no mencionar nombres mexicanos?
Lo que propone Monreal, porque no se puede hacer una ley dirigida a una sola plataforma social, es hacer una regulación para todas. ¡Pero redes sociales son también Waze, que te ayuda a navegar en alguna ciudad, y hasta Spotify, para escuchar música! ¿Todas las plataformas? ¿Uber, Rappi, Amazon y todas las que cotidianamente usamos que son tan diferentes entre sí?
En fin, que es un buen debate, provocador. Y Monreal lo sabe.
Iniciativa preferente
Pero quizá más preocupante, probablemente anticonstitucional porque regularía el pasado, y violatorio de tratados comerciales que México ya firmó con Estados Unidos y Canadá, es la iniciativa preferente, la primera que manda López Obrador al Congreso.
Recuerde que la “iniciativa preferente” es una prerrogativa del Ejecutivo de mandar cada inicio de sesiones una iniciativa de ley que tiene que discutirse y, en todo caso, aprobarse a más tardar en dos meses. Es decir: fast track.
La que mandó es una contrarreforma energética en la que se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo del muy polémico Manuel Bartlett, y da aún más poder al Estado y en los hechos al presidente, que casi casi es el Estado, sin que nadie —ni la oposición ni mucho menos los integrantes de su gabinete— logre ponerle un freno. El país de un solo hombre.
Preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica plantea que se podrían revocar contratos ya hechos y firmados, traería incertidumbre jurídica a los empresarios que necesitamos que inviertan en el país, mucho más en estos pandémicos momentos donde se necesita todo el apoyo posible para salir adelante de forma económica.
Si pasa la ley, como casi seguro pasará, ¿alguien presentará una controversia ante la Suprema Corte? Si la presentan ¿cómo fallaría el máximo tribunal?