Se cumple este febrero de 2021 un año desde que la pandemia por Covid-19 comenzó a cobrar fuerza y trajo consigo una cadena de contagios que provoca grandes pérdidas humanas, económicas, así como otros problemas que se maximizan, como la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres y la inseguridad en general, de los cuales hemos hecho referencia y pareciera que los gobiernos están más interesados en otras cosas.
En materia de salud en el mundo se han establecido medidas para tratar de contenerla, pero vemos ejemplos de gobiernos con un buen manejo y otros totalmente rebasados. Lo preocupante es la falta de acciones adecuadas para que este tipo de situaciones no se repitan: es como si además el sentido común no les funcionara.
Durante los últimos meses, derivado del mismo confinamiento, distintos problemas se agudizaron. Tanto que se convierten en tema prioritario de atención para los gobiernos: nos referimos a la violencia hacia las mujeres y el feminicidio.
Por ejemplo, de acuerdo con el registro hemerográfico que llevó a cabo el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, en Puebla se presentó un incremento de 21% en feminicidios. Y aún más preocupante, del total de delitos que se perpetran en espacios privados aproximadamente 47% ocurre en el domicilio propio.
El gobierno de Puebla parece tener interés en otras cosas, con mayores omisiones que acciones. Tan es así que la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal incluyó a esta ciudad entre los 20 municipios con mayor número de carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Una opción viable que durante las últimas dos décadas dentro de las agendas de los gobiernos se incluye y reviste vital importancia en la construcción de un mejor Estado de Derecho es el acceso a la justicia y, específicamente, una justicia transicional que de manera general tiene como fin dejar o tratar de dejar atrás periodos de conflictos, abusos o represiones a gran escala que vulneran los derechos humanos y afectan a los sistemas judiciales e institucionales por su falta de capacidad para resolverlos.
Pilares
La justicia transicional puede implementarse a través de diversos mecanismos judiciales o extrajudiciales, además de distintos niveles de participación que incidan en cuatro enfoques o pilares que le dan sustento: justicia, verdad, reparaciones y, finalmente, garantías de no repetición, que entre otros temas implica reformas jurídicas e institucionales. Todos estos elementos interconectados buscan gestionar y evitar violaciones a los derechos humanos.
Sin duda la gente pasa por una situación difícil como para todavía sufrir grandes índices de violencia. En el caso de México, tanto por cuestiones de salud como económicas o de violencia, no hay suficientes apoyos ni atenciones para tratar de subsanar un poco todos los daños.
México no solo requiere destinar recursos a las instituciones y dejar que pase así nada más: necesita una verdadera estrategia para restablecer la paz que las mujeres merecen, los mecanismos idóneos para la solución pacífica de los conflictos, la coordinación de las autoridades y la ciudadanía.
Al respecto traemos a colación la emblemática frase de Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU: “Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados. Actúa”.
Nosotros agregaríamos: cuando seamos testigos de violencia, de abusos por la autoridad, alcemos la voz, actuemos, exijamos: no seamos displicentes.