Pues resulta que al parecer la Ley de Movilidad lesiona los derechos de los manifestantes y el hecho de informar a la autoridad 48 horas antes sobre una movilización viola el derecho al libre tránsito, por lo que luego de revisarla los ministros de la Suprema Corte podrían pronunciarse por derogar hasta cuatro artículos.
¿Qué le parece? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó de hecho un recurso de inconstitucionalidad. Y seguro que gana. Pero, ¿y los derechos de los demás dónde quedan?
“La Suprema Corte ya revisó la ley. Derivado de esa revisión, considera que viola la Constitución en el tema de la libertad de tránsito porque establece un procedimiento que impide manifestarse de manera espontánea, por lo que hay que esperar la resolución. Ellos son los especialistas. Y tal vez se tenga que usar otro mecanismo de respeto a los derechos humanos” de los ciudadanos que una vez y otra se ven gravemente afectados por marchas, plantones y manifestaciones en la Ciudad de México, dice la asambleísta Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción Nacional.
Como sisempre, los revoltosos tienen razón y los demás ciudadanos se tienen que aguantar. Si llegaron tarde a trabajar, ni modo: sus derechos pueden esperar. ¡Lástima!
Lo más seguro es “que se tenga que hacer un nuevo procedimiento para acatar las observaciones que hagan los ministros. Eso ya es un hecho. Esperamos que nos llegue la resolución. Hasta ahorita no la he recibido. Pero en el sentido que venga, se tendrá que volver a analizar la iniciativa para adecuarla a lo que diga la Suprema Corte”, reconoce la legisladora albiazul.
Bueno, no hay de otra: los manifestantes tienen derechos humanos, los demás ciudadanos no. Las marchas seguirán. Y cada vez más violentas. Con gente más envalentonada. La ley los protege. ¡Hasta cuándo!
“Tendría que prevalecer el bien superior. Tomando en cuenta que los ministros son especialistas, esperaría que tomaran en cuenta ese bien superior. Y si mandan que se deroguen uno o los cuatro artículos, no hay nada qué hacer. Más adelante, a ver si con una redacción diferente se puede armonizar la ley”, expone la diputada Garza de los Santos.
La diputada local Claudia Cortés Quiroz, del PRD y presidenta de la Comisión de Movilidad, dice a su vez que “desde el inicio de la discusión tuvimos una postura en el sentido de que si condicionabamos al ciudadano para dar aviso para ejercer su derecho de libre tránsito íbamos a tener un conflicto. Ya lo tenemos: dos tribunales colegiados están emitiendo sentencias. Falta la Suprema Corte”.
Ni modo. Hágale como quiera y verá que las marchas nunca se regularán: prevalecerá la protesta callejera. Las calles tienen dueño. Y protegidos por los derechos humanos, esos “dueños” pueden hacer lo que quieran. Así nomás.
El bolso de Laura…
Y fíjese cómo se conocen los políticos. Resulta que el coordinador de la bancada blanquiazul en la ALDF, Federico Döring, quiere que la Asamblea Legislativa firme un convenio nada más y nada menos que con el Instituto Electoral del DF. ¿Para qué?, se preguntará usted. Pues para que los 66 asambleistas no hagan mal uso de los recursos que reciben para atención ciudadana y sus módulos de gestión. Es una buena suma mensual que puede ayudar ahorita en las campañas electorales. ¿Será porque se le fueron varios de su rebaño?...