Pues no habrá período extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF): toda posibilidad de realizarlo para modificar la Norma 26 de vivienda y que las inmobiliarias que hayan hecho mal uso de ella no queden impunes quedó cancelada, pues se decidió presentar primero el documento a vecinos y organizaciones para que opinen sobre la edificación de vivienda popular. ¿Les damos el beneficio de la duda? Podría ser.
“Se brindará la certeza de que no habrá, bajo ninguna circunstancia, borrón y cuenta nueva. El documento normativo que llegue a consensuarse no permitirá que los abusos en torno de la Norma 26 que se hayan hecho en el pasado queden impunes”, afirma el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias.
Muchas personas que han sido víctimas de los abusos cometidos por inmobiliarias esperan repuesta a sus denuncias e incluso revelan que han sido amenazadas.
“Tienen que generarse penalidades, una vez que se tenga certeza jurídica, para aquellos que hicieron un uso abusivo de la norma. Que tengan un castigo. Porque no estaremos, bajo ninguna circunstancia, generando condiciones de impunidad”, insiste el asambleísta por el parido del sol azteca. Pues sí. Merecen una severa sanción.
“La Asamblea Legislativa es receptora de ideas y de propuestas de los diferentes sectores. Porque tenemos que abrir esos espacios a todos los sectores sociales, no solo a un aspecto específico. El de los pueblos y barrios es muy importante. Y hay coincidencia de todos los partidos políticos para su protección”, puntualiza Granados.
Pero por la decisión asumida queda claro que no será esta asamblea la que modifique la Norma 26, pues ya no tiene tiempo. ¡Se le acabó!
“La iniciativa para modificar la Norma 26 debe enfocarse a la vivienda popular. Que se establezcan montos precisos de la vivienda. Sanciones para los desarrolladores que no respeten la norma. Que no puedan construir en la ciudad cualquier otro tipo de vivienda”, dice a su vez la diputada local perredista Ariadna Montiel, vicepresidenta de la Comisión de Gobierno.
Sería genial que no pudieran construir otro tipo de vivienda, pero es un mito: constituyen otra empresa y adelante, como si nada. ¿O me equivoco?
“La propuesta también incluye que podamos tener claridad en los permisos que otorga la autoridad. Hay que combatir la corrupción. Se debe contar con mapas de factibilidad. Que se respeten los planes parciales de desarrollo”, reconoce la legisladora. Pues sí, es necesario que se respete el uso de suelo, cosa que no sucede, porque bajo diversas argucias los desarrolladores construyen porque construyen. ¿La multa? Es lo de menos. ¡Se paga y ya!
Un tema importante es que se pretende excluir “a los barrios y pueblos tradicionales de la capital de la norma. Ahí no se debería permitir la construcción de vivienda. A menos que se trate del INVI y que cuente con todas las autorizaciones que se requieran”, comenta Montiel. Ojalá, porque la construcción indiscriminada ha modificado las tradiciones de esos lugares al llegar gente con otras costumbres. Otro modo de vida, pues.
El bolso de Laura…
Y por el recinto de Donceles se comenta en voz alta que hay que normar la circulación de sustancias peligrosas, como gas y gasolinas. ¡No se les había ocurrido antes! Esto a raíz de lo sucedido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. Ojalá lo hagan. Más vale tarde que nunca… Dicen los que saben que más de diez mil operadores del servicio público, de micros y taxis, operan sin tarjetón ni registro en la Secretaría de Movilidad. De 300 mil choferes registrados, se presume que el triple no lo está. Y esa lista negra debe salir a la luz. Ahí están incluidos los taxistas piratas, que representa un peligro para los usuarios de ese transporte. Vaya si no…