Aprobar la nueva ley de Desarrollo Urbano no será fácil: los diputados pretenden obtener la facultad de aprobar los usos de suelo, mientras que la respectiva Secretaría desea continuar tomando la decisión. Y en ese estira y afloje miles de familias emigran al Estado de México, Puebla o Hidalgo ante el alto costo de la vivienda, además de que desde hace tres años se congeló la Norma 26 debido a los abusos de fraccionadores y no se ha construido vivienda de interés social.
“Al menos 59% de la tierra en la Ciudad de México es suelo de conservación. Son alrededor de 87 mil hectáreas. Y este tema es una de las deudas más grandes que existen en el Programa de Desarrollo Urbano, que es el documento por excelencia donde se traza la ruta de una ciudad. Nosotros hemos señalado la necesidad de que existan un ordenamiento ecológico y una planeación urbana integral”, dice el asambleísta Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde (PVEM).
El caso es que las áreas de conservación son invadidas, se construyen enormes mansiones y no hay castigo ni sanción para quienes violan el uso de suelo. Si bien es cierto que hay denuncias, están muy bien resguardadas, sin ninguna solución, por lo que proliferan las invasiones. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta que actúe la autoridad!
Zárate pone el dedo en la llaga al precisar que “en Insurgentes y Altavista, Banca Mifel levanta una torre que lleva 70 metros de altura... con permiso para dos pisos. También construye otra en Presa Ansaldo, invadiendo zona federal. Es la misma empresa que construye en Reforma 26, donde se permitieron 40 pisos de altura y ya llevan 55”.
No es raro este tipo de irregularidades. Lo grave es que la autoridad está enterada ¡y no pasa nada! Hay denuncias y no proceden. ¿Por qué? Realmente tienen razón los diputados en querer ser quienes autoricen los usos de suelo, con el argumento de participar en la defensa de quienes votaron por ellos: los ciudadanos. ¿Lo lograrán? Difícil, muy difícil. ¿O acaso me equivoco?
“La Ciudad de México perdió 390 mil habitantes entre 2010 y 2015. Esa población equivale a la de delegaciones como Azcapotzalco o Iztacalco”. De estos, 330 mil cambiaron su residencia hacia municipios remotos del Estado de México, Puebla e Hidalgo, expulsados por los altos precios de la vivienda. “Y si bien estas personas emigraron a municipios vecinos, la mayoría continúa trabajando o estudiando en la ciudad, lo que se traduce en seis millones de viajes diarios, con traslados más grandes en distancia, tiempo y costo”, dice el secretario de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez.
Esta situación se da por el déficit de vivienda popular, que cada año se incrementa más y que desde la suspensión de la Norma 26 por los abusos de las constructoras, que a su amparo construían vivienda media y alta en vez de interés social, acentuó la escasez, disparó los costos y provocó la migración.
Y como la manzana de la discordia es el uso de suelo, no hay consenso para aprobar la nueva ley, que estaba lista para su discusión en el pleno ¡y fue retirada! ¿Cómo la ve?...
El bolso de Laura…
Y volvemos a la inseguridad. Los vecinos de la Colonia Olivar del Conde, en la Delegación Álvaro Obregón, se quejan de constantes robos a casa habitación. Y qué decir de los asaltos a mano armada. Incluso, la semana pasada un joven fue ejecutado tras un asalto en la calle 21 de aquella colonia. Las cámaras de seguridad de la zona no funcionan, por lo que el diputado local Ernesto Sánchez exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hiram Almeida, a implementar una brigada de policía especial que coadyuve a salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los vecinos. Están desesperados. Nadie les hace caso. Los robos, asaltos a transeúntes y camiones de pasajeros son algo común. Pocos denuncian los hechos porque, dicen los que saben, es un riesgo y mucho perder tiempo. Horas y horas. Lo que implica que mucha gente mejor abandone las oficinas del Ministerio Público. ¿Usted qué opina?...