Rotundo es el no a la privatización del agua en el DF: los propios asambleístas afirman que el Legislativo no debe entregar a la iniciativa privada el manejo del vital líquido, pues se elevarían las tarifas y difícilmente mejoraría el servicio, como se demostró ya en Puebla, Monterrey y Saltillo.
Por supuesto que es un tema muy controvertido, ya que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en cantidad suficiente, por lo cual su uso debe ser racional para todos. Y es difícil que se garanticen estos postulados si el servicio queda en manos del sector privado, que lógicamente vería como un negocio más.
“Los fracasos privatizadores deben tomarse en cuenta para no caer en la tentación de entregar a la IP los recursos hídricos de la capital. En las ciudades en que se ha hecho ha sido un fracaso: el servicio sigue igual o peor, pero las tarifas se han incrementado hasta en 300%”, advierte el diputado local perredista Gabriel Godínez Jiménez.
Tiene razón, hay que aprender de experiencias fallidas. ¿Por qué darle a grupos privados un suministro vital? ¿A poco los gobiernos no pueden? ¡Podría ser!
“Ante la preocupación que existe por la privatización varias organizaciones sociales presentaron una iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales. Y hay que escuchar la voz de la ciudadanía. De no hacerlo tendremos un Parlamento sordo, unilateral, con una sola visión: la de ellos, pero no la general, la de las circunstancias que afectan a la gente”, expone el presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la ALDF.
Es cierto. No deben ignorar el sentir de los ciudadanos. Y menos al tratarse de un tema tan sensible como es el agua.
“Lo que esperamos es que se tome en cuenta a los ciudadanos para perfilar una ley más ad hoc; no sólo para los intereses de algunos sectores, sino que cumpla con las expectativas y aspiraciones de todos los que utilizan el agua, ya sean agrícolas o urbanos, y la que se destina para la actividad económica”, precisa Godínez Jiménez. Ojalá. El beneficio debe ser parejo. ¿Habrá quien no la utilice? ¡No, por supuesto que no: es vital para la vida! Entonces, ¡cuidémosla!
“Tampoco podría pensarse que se haga una ley para cobrarle más a la gente: sería el peor paso que pueda darse. Ahí están los casos de Puebla, Saltillo, Monterrey… En algunos hay sistemas mixtos; en otros, esquemas de privatización. Y hay que preguntar a la gente si mejoraron el servicio o solo encarecieron las tarifas. Las condiciones de distribución son las mismas, o peores”, explica el legislador del PRD. No es raro. Lo que llama la atención es el porqué se entregó el manejo a particulares. ¿Cómo para qué, si el servicio no mejora? Ahí está el sospechosismo.
Lo que tiene que hacer el gobierno es generar un marco regulatorio, a través de la Ley Nacional, que garantice una distribución equitativa, justa y asequible; que garantice a los centros urbanos calidad del agua, y que se revise la sustentabilidad. ¿O no?
El bolso de Laura…
Le cuento que los legisladores locales pretenden legislar sobre la basura electrónica. Saben que 112 mil toneladas de estos desechos se tiran a la basura o al aire libre, incluidos celulares, computadoras, televisiones y otros, mientras que sólo 10% se recicla. Imposible hacerlo en lo demás. Se aprovechan ciertos elementos, pero el resto ¿a dónde va?...
Por Donceles dicen los que saben que van a impulsar en San Lázaro la idea de que al Distrito Federal lo incluyan en 2016 en el reparto del Fondo de Aportaciones Múltiples, que para la infraestructura educativa.
Que también exhortarán los diputados locales al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, para que asigne 800 millones de pesos para la modernización de planteles de educación básica. ¡Se vale!...