Hay mucha tensión en el Congreso local ante la posible aprobación de una Ley de Arrendamiento que deja en la indefensión a los arrendadores, quienes podrían ser despojados de sus propiedades con el argumento de ayudar a quienes con motivo de la pandemia han perdido su empleo y no cuentan con recursos para pagar sus rentas: aunque toca al gobierno garantizar el derecho a la vivienda, no cuenta con una política para disminuir el déficit que existe.
“La propuesta de Morena en materia de arrendamiento viola el derecho a la propiedad privada ya que obligaría a los particulares a darle su inmueble a un tercero: a su inquilino. Esto sin pago ni mandato judicial de por medio, por lo que también es una medida confiscatoria al privarte del uso y goce de tus bienes sin orden de un juez”, dice el diputado Diego Garrido López, de Acción Nacional.
Es lamentable que esta iniciativa en vez de resolver un problema en materia de arrendamiento inmobiliario lo complica ya que genera incentivos perversos para eludir obligaciones. No tiene equilibrios y se pretende cargar el costo sobre una sola persona, que sin duda también pasa por una situación difícil, porque la renta puede ser su modo de vida.
“La propuesta viola la irretroactividad de la ley porque pretenden aplicarla a los contratos de arrendamiento vigentes, lo que violenta la libertad contractual de las partes y principios básicos del derecho civil. Es una aberración jurídica. Se fomenta el delito de despojo e invasión de predios al proponer que nadie pueda ser desalojado si no existe contrato escrito de arrendamiento, con lo cual se pueden meter a un predio y alegar que tienen un arreglo verbal para ello. Y amparados en la reforma no podrán desalojarlos ya que no hay nada por escrito”, explica el legislador blanquiazul.
Tiene razón. La propuesta la entregaron a la coordinadora de Morena, diputada Martha Ávila, y a la diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Hacienda, grupos interesados en la invasión de predios, se comenta entre los legisladores. Y como esta situación ya la habían intentado antes y se rechazó, ahora con motivo de la contingencia la reviven por tercera ocasión. Y con muchas posibilidades de lograr su objetivo ya que efectivamente muchas familias que rentan se quedaron sin trabajo y no tienen para comer, mucho menos para pagar renta. Algunos han sido desalojados. ¡Es lo grave!
“Los dueños de propiedades dadas en arrendamiento no necesariamente tienen otra fuente de ingresos: también son vulnerables a la pérdida de empleo. Por ello se afectaría a miles de familias y adultos mayores que subsisten de rentar un cuarto, inmuebles en zonas populares o pequeños departamentos de interés social. La iniciativa busca ilusionar a incautos, es más bien electorera y fomenta el discurso de odio entre clases y la polarización social, sobre todo cuando el Código Civil ya prevé hipótesis para modificar arrendamientos en situaciones extraordinarias”, precisa el diputado Garrido López, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
La salida sería que el propio gobierno apoye con recursos económicos a los desempleados, porque la reforma pretende que los propietarios no puedan solicitar garantías: no se pueden pedir fiadores, no habrá forma de cobrarle la deuda al inquilino, ni que repare los daños que cause al inmueble. Así, ya nadie rentaría sus inmuebles. Los pocos que se arriesguen elevarían su precio y se acentuaría la demanda al gobierno. No está nada fácil. ¿Cómo ve?
El bolso de Laura…
Ahora le cuento que se sabe que hay una propuesta para que el gobierno de la ciudad, en vez de afectar el patrimonio de los propietarios de vivienda, apoye con cuatro mil pesos mensuales a las familias que rentan y son víctimas de los estragos por Covid-19. Pero curiosamente, al parecer, Morena no quiere esa salida. ¿Por qué? Si el gobierno tiene un Fondo para la Atención de Desastres de cinco mil 800 millones de pesos, que no se sabe en qué se los gasta o si los tiene guardados. Es hora de ayudar a los más necesitados y no darles la espalda. ¡Ojalá!...