La libertad de acceder a la información pública no es solamente, como algunos creen, el derecho a estar informados a fin de saciar la sed de conocimiento sino una facultad planteada para que todos los ciudadanos seamos capaces de vigilar a la gestión pública, dice a Vértigo Francisco Javier Acuña Llamas.
Se trata de un derecho para que eventualmente los ciudadanos podamos incidir en la toma de decisiones e interrumpir un acto indebido, lo incorrecto, el derroche, puntualiza el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
—¿Para usted qué es la libertad?
—Es la ausencia de límites. Pero todas las libertades humanas tienen límites, no limitaciones, que es distinto, porque estas son prohibiciones que vienen a menoscabar o a inhibir el ejercicio de las libertades, mientras que los límites son barreras que deben respetarse, porque el límite de las libertades humanas es la libertad de otros.
—¿Qué es la libertad de acceder a la información?
—Es un derecho a saber la verdad pública, a conocer los detalles de lo que se hace y de lo que no se hizo, porque así se podrán hacer mayores cuestionamientos o exigencias y evitar actos de corrupción. Está planteado para que la ciudadanía, normalmente apática o desinteresada de lo que pasa en la gestión pública, se involucre y entonces genere un control social; y si este se junta con el control social que hacen los medios de comunicación se consigue una rendición de cuentas. Naturalmente que este ejercicio irrita al sector gubernamental, porque no deja de ser incómodo el interrogatorio ciudadano; sobre todo cuando se ejerce de manera sistemática. Obviamente toca llagas de asuntos que más valdría pasar página o dejar sin aclaración.
—¿Actualmente qué tan libres somos de ejercer este derecho?
—Muy libres, por una razón: porque este derecho puede ejercerse con seudónimos o incluso de manera anónima. Evidentemente esto nos indica que estamos dentro de un contexto de máxima libertad. En el INAI, por ejemplo, no tenemos certeza de cuántas (solicitudes de información) son anónimas, cuántas vienen con seudónimo y cuántas son con nombres verdaderos. También cabe aclarar que el INAI solo recibe las solicitudes que le hacen directamente a su propia gestión; las demás las hace la gente no al INAI sino a las dependencias públicas. Y cuando estas, como muy seguido sucede, contestan mal, contestan menos, evaden la pregunta o contestan cosas que no se pidieron, entonces alguna parte de estas peticiones (entre 5 y 7%) recurre a la vía del INAI a exigir que se les dé la explicación. Y ahí es cuando entra el instituto y genera un control muy importante.
—¿Cómo se relacionan el derecho a la información y la democracia?
—En un pilar básico: una democracia no está planteada para que las personas estén ajenas a lo que pasa sino que se presume que debemos estar informados y que somos conscientes cuando emitimos el voto y cuando escogemos al (candidato) que nos parece más atractivo o más confiable. Pero no se puede garantizar absolutamente porque, como es natural, este derecho en México apenas lo estamos aprendiendo a ejercer. Son derechos jóvenes entre los mexicanos y entre los países del mundo. No es un derecho que se ejercite ampliamente.
—¿Por qué es importante que los gobiernos rindan cuentas y sean transparentes?
—El problema es que hasta hace poco tiempo venimos comprendiendo que ya no somos gobernados. Gobernado es un sujeto que obedece a la acción de gobierno que está sobre su cabeza. La verdadera transformación de gobernado a ciudadano es que este incide, determina con su exigencia el rumbo que debe tomar la gestión pública, exige, cuestiona, reprocha y por supuesto castiga la mala gobernación.
Retos
—¿Hay riesgos para este derecho actualmente?
—No. Desde que inició esta administración no ha habido ningún tipo de situación que se pueda considerar como amenazante. Pero desde luego que el derecho al acceso a la información vive un momento, como toda la democracia en el mundo, en que debe confirmarse. No digo que esté en su mejor momento ni que sea un escenario ideal, porque hay limitaciones presupuestales, acompañadas de la austeridad republicana que se ha agudizado. Eso sí debería preocuparnos: que esa reducción vaya a impedir que las instituciones realicen su papel, porque entonces sí vendría un escenario adverso.
—¿Qué retos trajo consigo la pandemia por Covid-19?
—Desde el 20 de marzo los términos y plazos para el sector público se suspendieron pero la gente seguía ejerciendo su derecho a saber. Por supuesto que han disminuido todos los procedimientos públicos en el país con la pandemia, pero esto no quiere decir que se hayan anulado ni dejado sin efecto. El 3 de mayo el INAI regresó y obligó de nueva cuenta al cumplimiento de los deberes al conjunto de autoridades que el propio decreto sanitario reconoce como esenciales.
—¿Cuáles son los temas de las solicitudes de información que más reciben durante el confinamiento?
—Temas relacionados con la pandemia, cifras oficiales de infectados, contagiados y de defunciones. Enormes dudas generan las cifras que rodean este problema. La estrategia sanitaria no ha sido suficientemente clara para explicar una serie de situaciones. También temas relacionados sobre si las camas de hospital son suficientes, así como las capacidades médicas y el desabasto médico. O el número de pruebas que México optó por no llevar a cabo, como la mayoría de los países. Pero tampoco deja de haber preguntas sobre la refinería de Dos Bocas, sobre el proceso del aeropuerto de Santa Lucía, sobre Pemex y el huachicoleo, sobre el Tren Maya… Es decir, hay muchas solicitudes sobre los temas que se consideran clave.
—¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta el INAI?
—El primero es la incorporación de dos nuevos comisionados. El Senado debe escoger a dos personas que vengan a sumarse a la tarea de continuar el ritmo de la institución. Dependerá mucho de quién venga a ser el nuevo presidente o presidenta y que este ejercicio no vaya a quebrantar la colegialidad que con tanto esfuerzo hemos venido construyendo los actuales cinco comisionados. Ese es un reto que está a la vuelta de la esquina porque pasará a principios de noviembre. El siguiente reto es que lleguemos a diciembre con una dotación presupuestal adecuada para no parar los objetivos de la institución, porque ya se le han hecho recortes: de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020 nos recortaron 25% del presupuesto que teníamos, eso sí puede volverse un desafío a resolver. El reto es continuar haciendo más con menos, que los ajustes presupuestarios no impidan que sigamos incentivando y resolviendo la duda social sobre la gestión pública porque esa es una manera de afianzar la democracia.
Perfil
Francisco Javier Acuña es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También es columnista, autor de diversos libros y publicaciones. Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue coordinador de Información, Documentación y Transparencia del TEPJF de 2011 a 2014. En mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces IFAI. En mayo de 2017 el pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lo eligió comisionado presidente para el periodo 2017-2020, mismo que está a unas semanas de concluir.