Considerada una de las mujeres más poderosas de México en materia de lucha de género por el Women Economic Forum, María Salguero Bañuelos, feminista, ingeniera geofísica y creadora del mapa nacional de feminicidios, por el que ha sido reconocida también por ONU Mujeres y el Senado de la República, platica en entrevista sobre los retos que enfrenta la política pública actual en torno del tema.
—¿Para usted qué es el feminismo?
—Mi definición de feminismo tiene que ver con la sororidad, con apoyarnos entre mujeres, porque una parte del mapa, a pesar de ser un proyecto de datos abiertos, es nombrar y rendir tributo de esta manera a las víctimas.
—¿Por qué crear este mapa?
—Todo comenzó porque les iba a ayudar a unas amigas periodistas, les iba a servir a ellas, nunca pensé que iba a tener tanto impacto. Fue en 2015 cuando comencé a planearlo. Un año después lo aterricé. En ese entonces trabajaba el tema de desaparición forzada: nos llegaban casos de niñas que desaparecían y eran encontradas días después víctimas de feminicidio. Fue entonces cuando me encontré con la realidad: no había datos oficiales de feminicidio en el país.
—¿Qué implicaba ese hallazgo?
—Impunidad, falta de acceso a la justicia y todo el peregrinar de familias en busca de justicia para sus hijas y también para los niños que quedan huérfanos. Por medio del mapa veo cómo suceden los feminicidios; veo factores que no se toman en cuenta, como la violencia comunitaria, el crimen organizado, que cada vez contribuye más para el incremento de este delito. Eso sin olvidar la violencia familiar y en el noviazgo. Hasta el embarazo en adolescentes. No hay que dejar fuera ninguno de estos factores.
El problema es, dice Salguero, “que la autoridad trabaja con indicadores no actualizados. Utiliza datos de 2008 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De hecho todavía no terminan de sumarse los asesinatos de mujeres por crimen organizado. Ya de por sí las políticas eran revictamizantes. Por ejemplo, la campaña de Cuenta hasta 10 es muy reduccionista: solo se enfocaba a la violencia familiar, pero dejaba fuera las otras violencias”.
Condiciones
—¿Qué es lo más urgente que el Estado tendría que atender en este tema?
—Uno, garantizar que las mujeres no sean rerevictimizadas por las autoridades (policías, ministerios públicos, médicos legistas, entre otras) cuando se acerquen a denunciar. Dos, cerrar el índice de impunidad, porque hay muchos feminicidas que quedan libres, las familias no tienen acceso a las carpetas de investigación, sobran las investigaciones deficientes, no hay investigación con perspectiva de género y en muchos de los casos no los tipifican como feminicidio sino como homicidios tipificados.
—¿Cuál es la recomendación para contener los feminicidios en el país?
—Es un problema muy complejo que no se reduce a qué recomiendes. El problema es que las condiciones y dinámicas de violencia determinan a cada territorio. Lo que debería hacerse es el análisis del contexto adecuado de cada zona. Y no lo hacen. No hay diagnósticos que consideren todas las violencias. Hay esfuerzos locales. Por ejemplo, en Escobedo, Nuevo León, les pusieron relojes a las mujeres víctimas de violencia para que por medio de estos se comuniquen con la policía. La Secretaría de Mujeres en Zacatecas capacitó a sus ministerios públicos con perspectiva de género. La fiscalía de Sonora reduce el índice de impunidad por medio de los juicios abreviados, emitiendo sentencias condenatorias por feminicidio de cuatro días a un mes. Todas estas son iniciativas locales, exitosas, que funcionan, pero a nivel federal no hay nada concreto.