Les cuento que durante una mesa de debate sobre seguridad, dentro de la Cumbre de Negocios que se realiza en Querétaro, los empresarios coincidieron en que ante los altos niveles de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad es necesario armar un Pacto por la Seguridad, similar al Pacto por México acordado a principios de la actual administración con las fuerzas políticas, ya que a la iniciativa privada le preocupa —y con justa razón— la manera en que la inseguridad afecta al país.
A propósito de esto el presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada AC, Alejandro Desfassiaux, comentó que es urgente resolver la inseguridad en México.
No es cosa de “descubrir el hilo negro”, afirmó Desfassiaux, pues con un mando único, una policía confiable y un sistema de inteligencia con herramientas eficaces los resultados en seguridad serían distintos... ¡Ojo, políticos! Que si ustedes no se aplican, ahí está el sector privado que quiere y puede hacer bien las cosas.
Seguridad, privada y regulada
Y ya entrado en gastos, Alejandro Desfassiaux dejó en claro que es urgente que se establezcan convenios para que la autoridad federal pueda contar con las herramientas necesarias para controlar a todas las empresas de seguridad privada a nivel nacional y contar con una política única de seguridad privada —y no con 32 políticas estatales— para que pueda existir un criterio y un control unificado.
Esto ante los acontecimientos en los que se han visto involucrados escoltas abusivos, así como la empresa Citigroup, que se vio envuelta en un fraude por la prestación no autorizada de servicio de seguridad a terceros.
Mire, el asunto no es menor, ya que según Desfassiaux hay empresas irregulares de seguridad privada. Además se debe regular a las policías que ofrecen servicios particulares de seguridad, a las empresas que venden equipo prohibido, a quienes realizan espionaje telefónico y a quienes llevan a cabo negociaciones en casos de secuestro, solo por decirles algunas.
Y como estilo mata carita…
Ya comenzó la discusión relativa a la Ley de Ingresos en el Senado de la República y con ella una iniciativa presentada por el panista Ernesto Cordero Arroyo, que ajusta el precio internacional de la mezcla del petróleo mexicano, pues el costo que aprobó recientemente la Cámara de Diputados es de 81 dólares por barril, mismo que —consideró el legislador— es un riesgo para las finanzas, porque las tendencias internacionales prevén una mayor baja. Cordero Arroyo planteó que es urgente “despolitizar” los parámetros de estimación de la mezcla mexicana, pues afirmó que los diputados están haciendo estimaciones basadas en la ocurrencia, que ponen en riesgo la estabilidad económica. Aplausos para Ernesto Cordero por su legislación responsable, ya que dejó en claro que del tema sabe y de paso dio una cátedra en la materia “Cómo ser una oposición responsable sin arrastrarse… perdón, sin morir en el intento”.