Nadie los entiende. Sí, hablo de los legisladores en San Lázaro que intentan cambiar la Ley de Trata y dejar salir a cientos de criminales. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya alzó la voz al respecto y aseguró que en México la trata de personas es una realidad frente a la que ya no podemos hacernos los sordos, los ciegos ni mucho menos quedarnos callados.
Y es que el tema es tan delicado que en su diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en nuestro país el organismo que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva dio a conocer que es un delito creciente, tanto a nivel interno como en su dimensión transnacional.
Para muestra un botón, pues la CNDH informa que en la actualidad este delito genera ganancias que van de 32 mil a 36 mil millones de dólares anuales, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas.
Mire, uno de los datos más alarmantes dados a conocer por la CNDH es que en nuestro país las estimaciones ubican que el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual asciende a 70 mil, de los que 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país ¿Y a ellos quién los defiende?
Riesgos
Lamentablemente aumenta el número de niñas afectadas por este delito y, para acabarla, la misma CNDH informa que de acuerdo a las solicitudes de información que realizaron las autoridades únicamente han detectado siete mil 625 víctimas (mil 249 de ellas en el extranjero) para el periodo de enero de 2009 al primer trimestre de 2013, y se ha iniciado un total de mil 101 averiguaciones previas, pero solo 454 (41.2%) han derivado en una consignación y 93 (8.4%), es decir, menos de una por cada diez averiguaciones previas, derivaron en una sentencia condenatoria.
Además la CNDH advierte que el número reducido de averiguaciones previas es atribuible al desconocimiento que hay en torno del tema. Incluso los operadores jurídicos llegan a confundir a la trata de personas con lenocinio u otros delitos.
Con decirle que los agentes ministeriales carecen de elementos para identificar el delito, pues a veces ignoran los mecanismos de sometimiento utilizados por los tratantes, como el engaño y la manipulación, por lo que presumen que la víctima ha desaparecido por voluntad propia, quedando su caso sin investigar e ignorando que el consentimiento de la víctima no exime del delito.
¡Ojo, legisladores! Hay que reconocer a las víctimas, atenderlas, procurarles justicia, incluyendo la reparación del daño y su reintegración a la sociedad, tal y como la ha señalado la CNDH. Cambiar la ley permitiría que los tratantes ya sentenciados salgan a seguir esclavizando.
¿A favor de quién están, de los criminales o de las víctimas?
Y como estilo mata carita…
Y que el presidente Enrique Peña Nieto llega a su Segundo Informe con dos perredistas representando al Poder Legislativo: Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, ¡sí! del partido que se opuso a la principal reforma —la energética— y aprobó el arrocito negro —la fiscal—. ¡Vaya ironía!