La realidad es dura e implacable. Antes de su salida de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons reportó 19.7% de avance en el tramo 1 del Tren Maya; 9.8% en el tramo 2; 13.3% en el 3; 20% en el 4 y 0.5% en el tramo 5. Los restantes tramos 6 y 7 ni siquiera los comenzó.
Todo esto lo sé gracias a la solicitud de información 330014821000119, que me permite ofrecer estos otros datos de una de las obras emblemáticas de la 4T.
Cada una de las consultas que he realizado vía INAI revela que hay cinco grandes aspectos por los que el proyecto es un desastre.
El primero es el referente al trazo de la vía. A pesar de que dijeron que estaba definido y no daría lugar a problema alguno, este se ha modificado porque no se hicieron los estudios correspondientes.
Lo anterior generó un despilfarro en la adquisición del derecho de vía, pues tan solo en 2020 se gastaron 641 millones de pesos y, según dijo el propio Jimmy Pons en 2021, la cifra alcanzaba tres mil millones de pesos.
El segundo aspecto es el desdén por las normas ambientales. Fonatur ha retorcido y usado a conveniencia el resolutivo de la MIA para talar miles de árboles y devastar el hábitat de especies como el jaguar, sin consecuencia legal alguna.
Ocupan el tercer lugar los contratos de obra, que dependen de los proyectos ejecutivos de cada tramo, pero a 30 meses de iniciados los trabajos no existen tales proyectos ejecutivos, pues no se puede proyectar lo que cambia un día sí y otro también.
El cuarto aspecto son los sueldos exorbitantes que se pagan a los “expertos” en diseño ferroviario que contrató Fonatur. Por ejemplo, Manuel Santiago Quijano, el segundo de a bordo, percibe 1.3 millones de pesos al año. O qué me dice de Roger Francois Desdier Tello, un pasante de arquitecto que vendía cocinas en Morelos y ahora es subdirector de obras con sueldo de 1.8 millones de pesos anuales.
Por último, reto a que Fonatur transparente los sueldos que le paga a las constructoras y los que estas pagan a los trabajadores. ¡No podrán hacerlo!
Abuso con aval oficial
Cambiando de tema, les cuento que pequeños empresarios gasolineros se encuentran a merced de las intimidaciones y extorsiones por parte de la Profeco, debido a que la empresa Gilbarco Inc. instaló un software que, en teoría, permitiría a los dispensadores de combustible cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-185-SCFI-2017 y NOM-005-SCFI-2017, pero salió defectuoso, sin que esto se le comunicara a los gasolineros.
Es así que Profeco realiza verificaciones sabiendo que los gasolineros no podrán acreditarlas satisfactoriamente debido a este software.
De mordidas por no inspeccionar la mitad de las mangueras afectadas por el software el negocio alcanzaría los 160 mil millones de pesos. ¡Quihúboles! De multas, por la otra mitad de las mangueras, Profeco se embolsa más de cinco mil millones. ¡Más quihúboles!
Estilo mata carita
Por último, solo hacer referencia a la declaratoria que hizo la Unión Europea sobre el asesinato de la periodista María de Lourdes Maldonado López. Mencionan la falta de resultados en las pesquisas de asesinatos anteriores y urgen al gobierno a garantizar la seguridad de todos los comunicadores. Ojalá no sea solo una voz en el desierto.