Aunque parecía imposible, una de las principales proveedoras de Pemex evadió una acusación penal de 2017 por huachicol: le hablo de Citapia, que logró la hazaña luego de que Pemex Transformación Industrial (PTI) se desistió de la acusación ante un juez federal.
El desistimiento de la filial de Pemex resulta difícil de creer, ya que las pruebas de la ordeña eran numerosas, desde fotografías hasta declaraciones policiacas.
Pero no es lo único: en 2019 Citapia fue inhabilitada tras probarse una relación con Odebrecht; sin embargo, ese mismo año se quedó con un contrato de 78.4 millones de dólares, correspondiente al paquete 6 de la refinería de Dos Bocas.
El acercamiento con PTI Infraestructura fue mediante Mexicana de Recipientes a Presión, que se quedó con el contrato al tener como propietarios a Juan Carlos Tapia, Gilberto Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morín Montes, este último identificado como director jurídico de Citapia.
Casi un año y medio después de la asignación le cambiaron el nombre a Presión a Procesos Especializados y Proyectos (Proesa), accionista mayoritaria de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI), con la cual también habría conseguido contratos en Dos Bocas, subcontratada por una empresa internacional, de acuerdo con fuentes del sector.
Es así que, pese a la inhabilitación y los cuestionamientos en la Cámara de Diputados por la asignación de contratos a razones sociales de reciente creación, la empresa hidalguense persiste en la celebración de negocios con Pemex. Eso sí: con el consentimiento de la Secretaría de Energía, según relatan diversas voces.
De pronóstico reservado
Y pasando a otros temas, ya inició el juicio en Estados Unidos contra quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, delincuencia organizada y falsas declaraciones.
El juicio durará ocho semanas, pero nada indica hasta el momento que García Luna vaya a dar su brazo a torcer negociando alguna rebaja de condena a cambio de declararse culpable. Su defensa se mantiene en la línea de que son falsas las acusaciones en su contra.
Lo que se sabe de este personaje es que antes de ser secretario de Seguridad Pública era analista de información en el Cisen y el dinero que tiene, así como sus propiedades, asegura haberlas obtenido después de su paso por el gobierno.
Después de tres años en que lo han mantenido preso no se ha sabido nada de pruebas sobre su culpabilidad; entonces, no parece fácil que en ocho semanas de juicio se pueda ir más allá. Al tiempo.
Estilo mata carita
Para terminar, resulta que citaron a personas de la tercera edad en la colonia Condesa de la CDMX para cambiarles sus tarjetas de apoyo del gobierno de la ciudad, pero los dejaron plantados y les cambiaron las fechas de entrega, así como el lugar. Así se las gastan con los pobres, a los que usan a su antojo.