Desde el púlpito presidencial se acusa al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar por consigna en el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio para competir por la gubernatura de Guerrero, pero fue el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que confirmó que el candidato violó la ley.
Salgado Macedonio era consciente de que incumplía la norma al haber hecho precampaña y no presentar el informe de sus gastos, como sí lo hicieron más de seis mil candidatos que se registraron y cumplieron sin chistar con este requisito.
El reporte de los gastos no es una ocurrencia del INE: es un mecanismo que permite identificar fuentes ilícitas de financiamiento y una manera de limitar el dinero que entra a las precampañas.
Ocultar los recursos de los que se dispone para hacer proselitismo es una forma de evadir uno de los mecanismos de los que se sirve la ley para dar un piso mínimo de equidad democrática.
El propio boletín informativo del TEPJF establece que “Morena no registró a sus precandidatos en el Sistema nacional de registro de precandidatos y candidatos del INE, además de que los informes entregados no resultan válidos porque se entregaron una vez concluido el procedimiento de revisión de informes de precampaña”.
O sea, se saltaron las trancas, pero ahora piden un trato preferencial respecto del resto de candidatos que sí cumplieron con la norma.
Al final de cuentas no se trata solamente de un asunto de cumplir un trámite o de grandes sumas de dinero sino de una cuestión de principios: de respeto al espíritu de la ley en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Sin destino
Justo esa rendición de cuentas también es la piedrita en el zapato del Tren Maya ya que está por cumplirse el plazo para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por qué el proyecto no respeta el ambiente; por qué la consulta indígena básicamente no tomó en cuenta a… los indígenas; o por qué hay inconsistencias por 135 mil 389.8 millones de pesos en los contratos de Woodhouse Lorente Ludlow y Mextypsa.
Pero la cereza en el pastel es que, mañosamente, se esperaron a que la ASF terminara las auditorías para dar a conocer que el Ejército será el beneficiario del presupuesto, porque según las propias palabras de Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, él prefiere “que los militares construyan y ‘entren al quite’ en las obras del gobierno, en lugar de que estén marchando en los cuarteles sin ningún beneficio para la sociedad”. Así como lo lee.
Estilo mata carita...
Para finalizar qué le parece que la tan cacareada vacuna mexicana llamada Patria no se creó en México sino por el Departamento de Microbiología del Hospital Mount Sinai de Nueva York.
Y en caso de probar su efectividad se producirá también en Vietnam, Tailandia y Brasil. Quizá para corregir el entuerto podrían renombrarla como “Patrias”, ¿no cree usted?