Las auditorías superiores, tanto de la Federación como la de CDMX, entregaron hace poco los primeros informes de la Cuenta Pública 2020 de ambas administraciones.
Sobre el caso federal destaca el hecho de que el informe se conforma por apenas 125 de un total de mil 506 auditorías programadas para el ejercicio 2020, es decir, menos de 10 por ciento.
También llama la atención que de las 125 auditorías realizadas 99 corresponden al gasto federalizado de los estados por un monto de 329 mil 673.4 millones de pesos, cuya muestra auscultada correspondió a 99.8% de dicho monto. Es decir, los revisaron hasta por debajo de la lengua.
Los resultados arrojaron que en conjunto los gobernadores tuvieron observaciones por 16.1 millones de pesos; o sea, 0.005% de la muestra.
En cambio las 26 auditorías practicadas al gobierno federal arrojaron probables quebrantos por 450.2 millones de pesos, es decir, un monto mayor al de los estados, con una muestra que abarcó 34.8% de un monto de ocho mil 500 millones de pesos.
Las irregularidades que se deben solventar corresponden a Javier Jiménez Espriú y su sucesor, Jorge Armanis, por un monto de 278.2 millones de pesos por los viaductos 1 y 2, la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara y el proyecto carretero Estación Don-Nogales.
Además, en Pemex, Octavio Romero debe aclarar 159.5 millones de pesos por la construcción de un oleogasoducto y un oleoducto hacia la plataforma PP-Ayatsil-C.
Por último se encontró un probable quebranto por 5.5 millones de pesos en la conservación de 20 km de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que le corresponde solventar a Capufe de Elsa Julita Veites Arévalo.
Por lo que toca a la CDMX el informe de 65 hojas que presentó Edwin Meraz Ángeles es todo menos un reporte de fiscalización: se dedica a hablar de la pandemia en China y Europa occidental, de la incidencia en América Latina, de las variantes del virus y de la manga del muerto, pero muy poco del manejo presupuestal en el gobierno capitalino. Así las cosas.
Responsabilidades compartidas
A quien no le basta con choros mareadores para esclarecer qué pasó con la venta del padrón electoral es al INE, porque debe dejar bien claro cómo se pudieron “filtrar” los datos personales de más de 90 millones de mexicanos.
También debe decirse que no es la primera vez que sucede, puesto que las veces anteriores estuvieron involucrados partidos políticos que durante mucho tiempo tuvieron copia del padrón. Pero también debe quedar claro que en esta era digital la seguridad en el ciberespacio es responsabilidad de todos, ya que basta con conectarse a una red pública desde un teléfono celular para que el crimen organizado pueda hacerse con datos personales de cualquiera.
Estilo mata carita
Por último cabe mencionar a Xóchitl Gálvez y lo que ella misma llama doble moral de Morena: nos adelanta que volverán a postergar el desafuero de los legisladores Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de enriquecimiento ilícito y abuso sexual, respectivamente, aun teniendo los votos necesarios para retirarles la protección de la que ambos gozan.