Luis Gerardo Jácome Frías, responsable de la Coordinación de las Unidades Administrativas con los Centros SCT, está bajo la lupa por denuncias sobre una presunta usurpación de funciones.
Se le señala de asumirse como “director general” de la coordinación referida, cuando por disposición presidencial en el gobierno de la 4T desaparecieron las direcciones generales adjuntas debido a la carga presupuestal que representaban.
Además se le acusa de incurrir en asignaciones de obras a empresas con las que estuvo relacionado laboralmente, es decir, conflicto de interés.
Una solicitud de información revela que la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT dio cuenta de que Jácome Frías tiene una función distinta a la que aparece en los manuales administrativos de la propia dependencia.
Según dicha solicitud sus funciones son proponer y definir las alternativas de solución a proyectos relacionados al sector, así como otorgar los servicios de entrega de correspondencia oficial y traslado de bienes de consumo, según consta en el documento oficial número 5.2.1.1.1.86, del 21 de julio de este año.
Sin embargo, en el Manual de Organización de la propia SCT las atribuciones centrales de ese cargo son: “Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, en la definición de los programas y proyectos de los Centros SCT, así como en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y establecer los lineamientos de coordinación con otras representaciones de gobierno, iniciativa privada y sector social”. ¿Notan la diferencia?
Y aunque se dice que se acabaron los moches, mis fuentes aseguran que “don Gerardo favorece con contratos a empresas ligadas a un grupo constructor privado, al que sirvió por muchos años y al que las administraciones neoliberales le dieron contratos millonarios en SCT y Pemex, presumiblemente con la ayuda de algunos moches”.
Sin duda un caso para la araña y para revisar a fondo.
Una más del Metro
Para no desviarnos de estos temas truculentos, resulta que una auditoría sacó a la luz que durante la gestión de Florencia Serranía como directora del Metro de la CDMX contrataron a la empresa Casa Piarré, la cual habría proporcionado información falsa para participar en licitaciones públicas, de las que ganó dos contratos en 2020 por 500 millones de pesos.
Según la auditoría 16810, cuyo ente emisor es el Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, dicha empresa fue contratada para servicios de ortopedia y de medicamentos, declarando no tener adeudos fiscales y ¡no tener trabajadores!, pese a que la naturaleza de los servicios para los que fue contratada requería personal y vehículos. Se le encontró además que habría subcontratado personal para cumplir con sus obligaciones mediante la empresa Centro Empresarial SA de CV y haber declarado previamente que contaba con mil 239 empleados.
Estilo mata carita
Por último, qué les parece lo que sucedió en el PRI de Guanajuato, donde el diputado tricolor Alejandro Arias Ávila por “descuido” dejó abierto su micrófono y se le escuchó decir: “Dile que no sea pendeja”, refiriéndose a su compañera de bancada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien votó a favor de exhortar al INE a llevar a cabo la revocación de mandato promovida por el presidente. Así transcurre la vida interna de los partidos respecto del trato hacia las mujeres.