Apenas en julio del año pasado, durante su visita a Estados Unidos para discutir la crisis de los menores migrantes centroamericanos junto con sus homólogos de Honduras y El Salvador, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaraba a The Washington Post: “Estamos haciendo las cosas, estamos luchando contra el crimen, estamos luchando contra la corrupción”.
Ahora, a una semana de las elecciones presidenciales, una comisión de supervisión patrocinada por la ONU y el Ministerio Público de Guatemala acusa formalmente a Pérez Molina de liderar una red de corrupción aduanera conocida como La Línea, lo que ha desatado una de las mayores crisis políticas en ese país.
Hasta el momento han renunciado cinco de los 13 ministros del gabinete guatemalteco, ocho viceministros y dos secretarios, en medio de la oleada de protestas ciudadanas que exigen la renuncia del Ejecutivo. Además, la que fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya se encuentra detenida y enfrenta cargos por estafa, defraudación aduanera y cobro de sobornos.
A pesar del desmoronamiento de su gabinete, el presidente guatemalteco defiende su inocencia denunciando una “estrategia intervencionista” de sectores externos y advierte que no renunciaría al cargo.
Por su parte, la Corte Suprema autorizó un antejuicio para retirar la inmunidad al presidente Pérez Molina y lo envió al Congreso para su votación. Hasta el momento de la redacción de este texto el trámite no ha sido aprobado por el Legislativo.
Interrogantes
Actualmente legisladores estadunidenses debaten a su vez una solicitud del presidente Barack Obama para un presupuesto de mil millones de dólares en ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador —conocidos colectivamente como el Triángulo del Norte—, lo que triplicaría la cantidad aportada a la región en los últimos años.
La estrategia Alianza para la Prosperidad busca hacer frente a la violencia y la pobreza en esos países para detener el flujo de inmigrantes hacia EU, pero la inestabilidad y los escándalos de corrupción en la región arrojan demasiadas interrogantes.
Atrás quedó la icónica fotografía de Obama flanqueado por los mandatarios centroamericanos durante su reciente visita a Washington.
Mientras tanto, en Guatemala las manifestaciones semanales no ceden y se intensifican las demandas para posponer los comicios del 6 de septiembre.
Hasta el momento el gobierno de México no se ha pronunciado por su parte al respecto, pero la incertidumbre política del vecino del sur sigue creciendo. La interdependencia entre ambos países no es cosa menor: el intercambio comercial entre ambas naciones asciende a más de dos mil millones de dólares. En los últimos diez años el comercio bilateral se incrementó 151%, convirtiendo así a México en el primer socio comercial de Guatemala en América Latina. Más aún: los presidentes de ambas naciones han sostenido 13 encuentros bilaterales.
México comparte una frontera de 956 kilómetros con Guatemala: puerta de entrada de miles de migrantes centroamericanos cada año. Cabe recordar que tan solo en 1993 casi 50 mil guatemaltecos buscaron refugio en nuestro país durante la crisis política del gobierno de Jorge Serrano Elías.
Las implicaciones para México y la región de una crisis de gobernabilidad en Guatemala no pueden seguir pasando desapercibidas. Con apenas unos meses de vida, las protestas ya han sacudido estructuras de poder que parecían inamovibles, pero la regeneración de la vida política guatemalteca apenas comienza.