Hace cinco décadas el presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson —haciendo gala de su sutileza diplomática— dijo que la Organización de Estados Americanos (OEA) “no podría sacar orina de una bota, aun si las instrucciones estuvieran escritas en el talón”.
Sin duda llama la atención la severidad de la declaración, pero la realidad es que hoy, tantos años después, muchos parecen estar de acuerdo: haciendo a un lado la tosquedad de Johnson, la OEA es duramente criticada desde su fundación en 1948 y sirve como un eterno costal de boxeo. Lo mismo se le acusa de servir a la hegemonía estadunidense como de ser un instrumento de legitimación para gobiernos antidemocráticos.
Lo que sí es innegable es que se ha vuelto cada vez más ineficaz al no lograr acuerdos entre sus 35 Estados miembros sobre temas tan fundamentales como los derechos humanos y la democracia. Y eso es precisamente lo que se reflejó una vez más en la 51 Asamblea General que se celebró la semana pasada en Guatemala bajo la sombra de las recientes elecciones de Nicaragua.
El 7 de noviembre más de 4.4 millones de nicaragüenses fueron llamados a votar en unos comicios considerados “fraudulentos” por múltiples actores internacionales. Para sorpresa de nadie el actual presidente, Daniel Ortega, obtuvo su reelección, con lo que iniciará su quinto mandato y cuarto consecutivo. Y todo, por supuesto, de la mano de su infalible esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo.
Recordemos que Ortega estuvo al frente de su país tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y después retornó al poder en 2007 a través de un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán. Desde entonces no suelta la presidencia. Pero de culminar este nuevo periodo el nicaragüense cumpliría 30 años en el poder.
Impunidad
Nos gustaría decir que el camino no ha sido fácil, pero la realidad es que no es así. El régimen de Ortega ha actuado con completa impunidad para dinamitar la democracia y la comunidad internacional no hace nada más que observar a la distancia. Claro, se emiten toda clase de declaraciones y exhortos, pero nada que en realidad cambie la situación.
Recordemos que suman ya 120 opositores presos desde las protestas de 2018 en las que exigían la dimisión de Ortega y que dejaron cientos de muertos. Desde junio las autoridades nicaragüenses ilegalizaron a tres partidos y detuvieron a 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas. Y todo mientras Ortega montaba una farsa electoral en la que se enfrentó a cinco candidatos completamente desconocidos.
Ocho países de la OEA impulsaron la semana pasada un proyecto de resolución sobre la situación en Nicaragua, pero para su adopción se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros; es decir, 18 de 35.
Al momento de la redacción de este texto todavía no se votaba, pero aun si se aprueba no implica la activación de la Carta Democrática Interamericana, con lo cual Nicaragua sería suspendida del organismo. Para que esto ocurra se tendría que llevar a cabo una “evaluación colectiva a ser completada a más tardar el 30 de noviembre próximo”. Es decir, más de lo mismo.
Lexema En julio el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso sustituir a la OEA por “un organismo que no sea lacayo de nadie”, mientras con una mano defendía al régimen cubano y con la otra señalaba la hegemonía de EU. Si bien la retórica mexicana se suavizó mucho al respecto, lo sucedido en la última semana solo abona una cosa más a la lista de sus detractores. Y todo mientras en La Habana y en Caracas brindan por la OEA.