Por Mónica Soto Icaza
Emmanuel S. es profesor universitario. Amante de la fotografía, su carrera profesional se ha desarrollado alrededor del periodismo de espectáculos en medios renombrados. Hace unos años, producto de la crisis en los medios impresos, un recorte de personal lo llevó al territorio del desempleo.
Como estudiar es su pasión —tiene en su haber dos maestrías y se encuentra en proceso de culminar la tercera—, entró a dar clases a la misma universidad en la que cursó licenciatura y dos posgrados.
Gilberto E., doctor en Filosofía, también es docente universitario. Con más de diez años de experiencia ha estado al frente de unos dos millares de alumnos, siempre bien ponderado en sus evaluaciones como maestro.
Emmanuel y Gilberto son buenas personas, con gran actitud de servicio y apertura para generar comunicación con los estudiantes en aras de mejorar el nivel académico y la calidad de profesionistas que los jóvenes serán en el futuro. Pero ambos cometieron un error: ser exigentes, pedir respeto entre autoridad educativa y pupilo, poner límites y reglas claras de trabajo en sus grupos, “reprobar” a alumnos que no alcanzaron a cumplir con los requisitos básicos de evaluación.
Como mujer víctima de acoso y feminista, hace poco denuncié a un agresor anónimo, que gracias a la investigación de la Fiscalía General de la República se descubrió era una mujer cercana a mí. Así que cuando escribo esto lo hago desde la trinchera de quien desea y trabaja por el derecho de cualquiera a vivir con libertad y con verdad.
Hace unas semanas, con diferencia de días, ambos hablaron conmigo acerca de un problema común: fueron acusados de acoso sexual. La universidad respondió según el protocolo de su comité de sana convivencia, el cual aplaudo; a estas alturas es necesario que haya mecanismos de control y protección en las instituciones para cuidar a maestras, alumnas, colaboradoras y externas.
Responsabilidad
Mas lo oscuro e injusto de estos dos casos es que no se trata de dos asuntos de acoso sino de venganza. Porque a las alumnas, por diferentes motivos, no les simpatizaron los maestros y decidieron deshacerse de ellos al precio que fuera. Aunque ese precio implique destruir la reputación y el empleo de dos personas que sencillamente estaban haciendo su trabajo.
En un país donde son asesinadas diez mujeres al día (ONU), donde 66.1% de las mayores de 15 años hemos sufrido violencia de cualquier tipo y cualquier agresor (INEGI, aunque yo no conozco a ninguna mujer que no haya sido acosada de alguna manera), es irresponsable y perverso acusar con mentiras y por revancha a alguien inocente solo porque no nos gusta su forma de trabajar o no nos cae bien.
En un país con esta sed de justicia por tanta desigualdad, tantos feminicidios, tanto abuso y tanto acoso es relativamente sencillo acusar a cualquier hombre o mujer, pero eso no hace más que afectar la verdadera lucha de quienes buscan con desesperación a sus mujeres secuestradas por las redes de trata; de quienes lloran el feminicidio de su madre, su hermana, su hija; de quienes trabajamos para visibilizar esa violencia.
Las falsas acusaciones de acoso, secuestro y violencia; utilizar de pretexto una agresión sexual para justificar errores personales o mostrar animadversión ideológica, moral o de cualquier tipo, son actos egoístas que destruyen vidas enteras y dañan la lucha auténtica por los derechos de la mujer, trivializan el conflicto de la violencia y provocan retroceso en los logros que se han conseguido con tantas lágrimas, sudor, sangre e infinidad de batallas.
Por eso es tan importante actuar con verdad y responsabilidad.