La presidenta Sheinbaum sabía desde un principio que la reforma electoral sería derrotada en el Congreso. Todo el proceso legislativo se manejó para provocar este rechazo. Al contrario de las reformas del pasado, forjadas en negociaciones con los partidos de oposición, como el PRD de Andrés Manuel López Obrador en 1996, este fue un proceso de morenistas para morenistas. La iniciativa la preparó una comisión formada solo por militantes del partido oficialista. Buscaba cargar los dados para favorecer a Morena y construir un nuevo partido hegemónico, como el PRI de los setenta, que AMLO siempre admiró.
La presidenta explicó el 25 de febrero: “Es una reforma muy racional y que cumple con lo que nos pidió la gente… Quien no quiera aceptar la reforma, también va a tener la votación o no del partido que corresponda… La oposición va a decir: es una derrota de la presidenta. No, al contrario, es una victoria, porque no cedí frente a lo que pudiera ser una negociación para poder (hacer) que todo el mundo aprobara lo mismo, por consenso”.
Interesante que presente la intransigencia, el “no ceder”, como una virtud. En los países democráticos la política es siempre negociación, porque se considera que ni un gobernante ni un partido tienen el monopolio de la sabiduría ni deben acumular todo el poder. Solo en las dictaduras, como Cuba, negociar es inaceptable.
Pretender que aprobar algo por consenso es incorrecto revela una actitud autoritaria que sabemos tenía López Obrador, pero que Sheinbaum ocultó cuando contendió por la Presidencia y declaró en el Zócalo el 29 de mayo de 2024: “Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y que, aunque la mayoría del pueblo respalda nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos... Aunque muchas mexicanas y mexicanos no coinciden plenamente con nuestro proyecto o tienen preferencias por otras fuerzas políticas, todas y todos los mexicanos habremos siempre de caminar en paz y en armonía, sin discriminación”.
Leyes secundarias
Si la presidenta considera que esta derrota legislativa es una victoria, quizás el objetivo real fue siempre llegar a ella. “Sí hay un Plan B, pero ya sería después, se verá después”, dijo el 4 de marzo en la mañanera. Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, declaró el 11 de marzo, poco antes de que se votara la iniciativa: “Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”. Son exactamente los mismos términos que ha empleado la presidenta. Parecería que la derrota se planeó para empujar el Plan B.
Este buscará impulsar las mismas reformas para favorecer a Morena, pero a través de enmiendas de leyes secundarias. Si violan la Constitución, ya no importará. Una Suprema Corte independiente rechazó muchas de las medidas del Plan B de López Obrador porque eran contrarias a la Carta Magna. Pero la nueva SCJN ya no se preocupará por esos detalles. Los ministros deben su elección a los acordeones del gobierno y de Morena, y han demostrado que su prioridad es quedar bien con el régimen. La presidenta ni siquiera tendrá que amenazarlos diciéndoles que no le salgan “con el cuento de que la ley es la ley”. Ellos sabrán desempeñar obedientemente su papel.