Al presidente sin duda le parece natural designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera personal y unilateral. López Obrador ha sido uno de los mandatarios que más ha concentrado el poder en un país que ha vivido largos periodos de una presidencia imperial.
¿Para qué proponer una terna aceptable al Senado para que la nueva ministra surja de la negociación como en cualquier república? No, lo que importa es que el presidente nombre a una ministra que se comprometa a obedecer todos sus caprichos y que no le salga “con el cuento de que la ley es la ley”.
Desde la primera terna que mandó el presidente al Senado, tras la cuestionable renuncia del ministro Arturo Zaldívar para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum, era claro que no tenía ninguna intención de proponer nombres de juristas respetadas por su conocimiento del derecho y por su imparcialidad.
López Obrador propuso a su propia consejera jurídica, María Estela Ríos González, cuyos cuestionamientos a los fallos de la SCJN han mostrado una lealtad al mandatario que linda con el desconocimiento de las leyes; a Lenia Batres, consejera adjunta de la misma Consejería Jurídica; y a Bertha Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de Cofepris. Ninguna tiene una trayectoria reconocida como jurista, aunque todas son de sobra conocidas como ardientes y leales seguidoras de Morena y del presidente López Obrador.
La primera terna fue rechazada por el Senado. En la segunda, López Obrador simplemente sustituyó a Ríos González por Eréndira Cruzvillegas, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Era el mismo caso: Cruzvillegas tampoco tenía más mérito que su lealtad a AMLO.
Escrutinio
No había razón para la oposición de votar por ninguna de las propuestas por sus trayectorias como juristas. El presidente dijo, además, que las nominaciones surgían de su deseo de tener una nueva ministra que lo obedeciera en todo y que no lo traicionara como, según él, han hecho Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, nominados por él, pero que muchas veces no han votado por las posiciones del gobierno.
Una vez que las dos ternas han sido rechazadas por el Senado, la Constitución ordena que el presidente de la República designe personalmente a la nueva ministra. Es la primera vez que esto ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país. Al presidente seguramente no le molesta. Él considera que todas las designaciones del Estado las debe hacer él personalmente y que todos los funcionarios deben obedecer cualquier instrucción que reciban del presidente. Por eso ha emprendido una abierta campaña contra los organismos autónomos que en algunos casos se han opuesto a sus designios.
La nueva ministra, sin embargo, siempre cargará sobre sí el peso de haber sido seleccionada no por un consenso en el Senado, sino por una designación directa del presidente. Sus decisiones serán sometidas a un escrutinio superior a las demás. La ministra será siempre sospechosa de ser una simple servidora del primer mandatario.
Para los mexicanos la decisión del presidente de buscar a una incondicional como nueva ministra de la Suprema Corte es sumamente lamentable. Los gobernados nos beneficiamos de tener contrapesos al poder. La función de los ministros no debe ser la de obedecer al presidente, sino verificar que en las acciones del gobierno se respeten la Constitución y las leyes que de ella emanan. Esto es lo que juran los ministros de la SCJN al tomar posesión del cargo, pero también lo hizo el presidente y eso no ha obstado para que considere que los ministros no deben salirle “con el cuento de que la ley es la ley”.