La severa y ejemplar crisis política y militar que vive Rusia y el gobierno de Vladimir Putin es una puesta al día de una longeva y dramática lección respecto de lo que de ninguna manera debe hacerse para lograr la victoria. Desde los primeros testimonios en la conducción de los asuntos militares y de la guerra —tan antigua como la humanidad misma—, contar con recursos propios para garantizar la viabilidad pacífica de una determinada formación social y de Estado es una verdad sistemática permanente.
La confirmación del elevado grado de peligro e inestabilidad que podrían haberse generado en el Kremlin, es la detención y acusación del prestigiado (hasta hace unos días) general Sergéi Surovikin, responsable por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, de la relación con la empresa de soldados mercenarios Wagner, propiedad del exchef, entre otros disímbolos oficios, Yevgeny Prigozhin, hoy tranquilamente refugiado y prófugo en la vecina Bielorrusia. El señalamiento directo de las oficinas de inteligencia y espionaje civil y militar del gobierno ruso, es que Surovikin estaba al tanto del planeo y ejecución de la maniobra mercenaria/militar que tenía por objetivo precipitar la salida tanto del ministro de Defensa como del jefe de Estado Mayor, quienes habían manifestado su abierta desconfianza a los integrantes de Wagner.
En El Príncipe (1532), obra clásica y fundamental del pensamiento y las letras clásicas, Nicolás Maquiavelo advierte del riesgo que significa para el gobernante depender de la fuerza militar no propia; el principal peligro estriba en las capacidades y conocimiento que adquieren los soldados de paga respecto de las fortalezas y debilidades de sus empleadores. Si llega un nuevo postor con más dinero y mejores condiciones contractuales, no hay valor, principio o virtud que valga, para que no cambien de un momento a otro de bando e inclinen el resultado de la guerra en sentido contrario respecto de los intereses de quien originalmente les contrató.
Error supremo
Las armas en manos de ciudadanos nacionales o extranjeros, por noble, justificada y necesaria que sea la causa, es una fehaciente muestra de que los gobiernos no tienen la capacidad, intereses, disposición, en el mejor de los casos, para aplicar y hacer valer la ley sin objeción alguna por parte de la población. Lo que vimos en Rusia, sobre todo en Rostov y Moscú, fue la evidencia de un error supremo en la conducción de los asuntos de política de Defensa y política Militar, que desde luego no son asuntos privativos del estamento o poder de los profesionales de las armas.
Aún persiste en la memoria reciente de la historia de México la muy desafortunada declaración y postura del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando reconoció, avaló e incluso promovió la existencia de las denominadas autodefensas. Años atrás, en el Estado de Guerrero, se reconocían a las policías comunitarias y demás grupos armados de la sociedad, todos ellos soliviantados para contener al crimen organizado.
Al día de hoy ni uno solo de sus objetivos originales se ha cumplido e incluso, a todas luces, la situación de inseguridad y violencia se ha profundizado. El ejercicio monopólico y excluyente de la violencia institucional sigue siendo, no obstante la paradoja, una de las bases sustanciales de la democracia liberal, representativa y popular. Se trata de una responsabilidad sustancial del estado contemporáneo. Revisemos los recientes enfrentamientos en la región de Tierra Caliente las últimas dos semanas para comprobar/evidenciar el antagonismo que significan las armas mercenarias sin valores ni apego a las leyes, así como las usadas por la delincuencia.