Sin que se pretenda frenar el desarrollo ni politizar la fiscalización, la bancada de Acción Nacional en el Congreso local exhortó a diversas dependencias del gobierno capitalino y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar auditorías especiales, integrales y preventivas a los megaproyectos, obras públicas y programas sociales implementados por la actual administración.
“La CDMX atraviesa uno de los periodos de mayor ejercicio presupuestal de los últimos años, con la ejecución simultánea de proyectos de infraestructura urbana, movilidad, regeneración del espacio público y programas sociales de gran alcance, lo que hace indispensable reforzar los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas”, dice el diputado albiazul Ricardo Rubio Torres.
Tiene razón el legislador: hay muchas obras por doquier, pero poco se sabe del manejo de los recursos aplicados.
“Proyectos como las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, mejor conocidas como UTOPÍAS; el Plan de Obras Públicas 2025–2026; la modernización del Tren Ligero; los programas de rehabilitación urbana; así como programas sociales de cobertura masiva implican el uso de miles de millones de pesos de recursos públicos y generan un impacto directo en la vida cotidiana de los capitalinos”, manifestó Rubio.
Mucho se viene comentando sobre el mal uso de los recursos públicos y de innumerables actos de corrupción, sean ciertos o no. Es por eso que la realización de auditorías preventivas a esas grandes obras dará certeza a los ciudadanos de que sus impuestos son bien utilizados para recibir mejores servicios en sus colonias y pueblos, que habrán de mejorar su calidad de vida. ¿A poco no?
“El desarrollo y la inversión pública son necesarios, pero deben ir acompañados de controles claros, auditorías oportunas y transparencia total. Cada peso del presupuesto público debe ejercerse con legalidad, eficiencia y resultados verificables. La falta de auditorías preventivas incrementa el riesgo de desviaciones presupuestales, sobrecostos, opacidad y decisiones discrecionales, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, hay que destacar la importancia de evaluar no solo el gasto financiero, sino también el desempeño y el impacto real de las obras y programas sociales”, advierte el diputado local.
Muchas personas podrían pensar que auditar las obras más importantes es una manera de frenarlas, lo cual afectaría a la comunidad. Pero no, de ninguna manera: se trata de que las autoridades entreguen cuentas claras del presupuesto que se les asignó, porque son recursos públicos y deben cuidar su manejo, por lo que las auditorías que solicita el legislador ayudarían mucho a transparentar los dineros y la ciudadanía recobraría la confianza que mucho se ha perdido. ¿O me equivoco?