No es ningún secreto que algunos en Washington responden a los problemas internos amenazando con bombardear o invadir países. El ejemplo más reciente es el del senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien insiste en que Estados Unidos debe desatar su “furia y poderío” contra los cárteles mexicanos.
Con esto se suma al coro de voces que en días recientes han llevado a la relación entre México y EU a uno de sus puntos más álgidos.
Luego de varias semanas de amagos el legislador finalmente presentó su iniciativa para designar a los grupos del crimen organizado que operan en nuestro país como organizaciones terroristas. Un proyecto que llevó por título: “Ley NARCOS 2023” (Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados, por sus siglas en inglés). Alguien claramente ha visto demasiado Netflix.
La medida permitiría congelar los activos de una organización, negaría la entrada al país a sus miembros y castigaría a aquellos que se relacionen con los grupos armados. Entre las organizaciones incluidas en el listado se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, de Juárez, de Tijuana, de los Beltrán Leyva, Los Zetas y la Familia Michoacana.
El texto señala abiertamente que “EU podría usar la jurisdicción extraterritorial para atacar y enjuiciar a ciudadanos extranjeros involucrados con cárteles mexicanos u otras organizaciones criminales transnacionales”. Y es ahí donde todo comienza a sonar extrañamente familiar.
Error fundamental
El envío de tropas estadunidenses a México, incluso con un propósito limitado, como redadas en los laboratorios de los narcotraficantes, solo desencadenaría un desastre al estilo iraquí.
Disparar misiles contra lo que la inteligencia estadunidense considere son fábricas de fentanilo tendría muy poco efecto mientras la demanda siga siendo alta en EU. Además, dicha inteligencia no ha tenido el mejor récord. La Unión Americana ha estado involucrada en demasiados países y en todos los casos las consecuencias han sido devastadoras.
Designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas es una propuesta atractiva por varias razones. En primer lugar, resulta muy redituable políticamente para el ala más radical del Partido Republicano porque presenta una solución simplista y sobre todo emocional para un sector del electorado que cree que esto resolverá una doble crisis: la migración y el narcotráfico. En segundo lugar, se antoja como una manera rápida de acabar con el flagelo del fentanilo, aunque claramente de poco serviría mientras la demanda siga siendo tan alta en el territorio estadunidense. Por último, se posicionaría como un nuevo frente de influencia para el gobierno estadunidense, pero con altísimos costos políticos al romper la relación con su socio más importante. La inestabilidad que emanaría de la frontera bilateral se volvería en una crisis sin precedentes.
Pero hay un error fundamental en la comprensión de los términos más básicos. Designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas revela una confusión entre crimen y terror. Nada tienen que ver las motivaciones subyacentes de un cártel de la droga con las de grupos como el Estado Islámico y Al-Qaeda. La diferencia entre unos y otros es que para los grupos mexicanos no hay motivaciones políticas, sino más bien mercantiles; y bajo esa premisa solo sería cuestión de tiempo para que diversifiquen su negocio.
La pregunta entonces sería: ¿dónde termina esa pendiente resbaladiza?