El 3 de octubre de 2023 el presidente López Obrador afirmó en su conferencia de prensa que ya había cumplido 99 de sus 100 compromisos de inicio de su gobierno, los que pronunció ante una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2018.
Yo tengo mis dudas de que en realidad haya cumplido esos 99. Solo por mencionar un ejemplo, el tercero señalaba: “Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social”. Pero estas fueron eliminadas casi desde el inicio del sexenio.
La promesa número 13 fue: “Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos”. Con la eliminación del Seguro Popular y de las compras consolidadas del IMSS, entre otras medidas, el país ha enfrentado una escasez de medicamentos y saturación de servicios de salud que no habíamos visto desde la creación de las instituciones de salud.
El compromiso 89 era: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. En este caso por lo menos el propio presidente reconocía en octubre de 2023 que no había tenido éxito. Lo que no dijo, pero que resulta cada vez más claro, es que bajo su mando se enlodó una investigación que estaba ya virtualmente resuelta, se liberó a los responsables del secuestro y homicidio de los normalistas y se encarceló a inocentes.
La Recomendación No. 15 VG/2018 “Caso Iguala” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando esta era todavía autónoma, de dos mil 178 páginas, resolvió casi todas las dudas. Revisó paso por paso lo acontecido. Señaló los aciertos y los defectos de la investigación oficial. Más aún, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que enviara a la Universidad de Innsbruck, en Austria, 114 restos humanos hallados en el basurero municipal de Cocula para determinar genéticamente, de una vez por todas, si pertenecen o no a los normalistas de Ayotzinapa. Esto nunca se hizo.
Negligencia
El problema es que, más que interesarse en resolver el asunto y saber quién secuestró y asesinó a los normalistas, los líderes del llamado “movimiento de Ayotzinapa” y muchos funcionarios que el presidente colocó en el caso estaban más interesados en demostrar que “fue el Estado” que en saber qué ocurrió.
La información disponible sugiere una realidad muy distinta: que los estudiantes fueron secuestrados por policías municipales y entregados a miembros de Guerreros Unidos, una banda criminal, quienes los ejecutaron y quemaron. La minuciosa investigación encontró negligencia en algunos mandos federales y militares, pero no una acción concertada del Estado.
Tanto los amparos promovidos por los abogados del movimiento Ayotzinapa y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como la negligencia de la FGR permitieron la liberación de los asesinos confesos.
Pero fue la FGR, con participación expresa del presidente y del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como lo ha dicho AMLO, quienes ordenaron la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam por las inverosímiles acusaciones de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. Han sido detenidos también varios militares por cargos igualmente cuestionables.
De nada le ha servido políticamente al presidente tomar estas decisiones o apoyarlas. El pasado 6 de marzo un grupo de normalistas destrozó una puerta de Palacio Nacional. El presidente no está quedando bien ni con el movimiento de Ayotzinapa ni con la verdad. Mucho menos podrá cumplir con su compromiso sobre el caso.