En cualquier democracia estable, con instituciones, leyes, reglas, procedimientos, presupuestos consistentes, partidos políticos de cobertura nacional, militancias y dirigencias activas, así como un indispensable contraste de cada una de las plataformas electorales y sus contenidos ideológicos, de ninguna manera el miedo y la incertidumbre propiciados por las actividades del crimen organizado y la delincuencia común debieran poner en entredicho la viabilidad de la tan compleja y a la vez dinámica política electoral que implica la democracia. Pero en el caso de México es así.
Semana a semana, desde que comenzaron los procesos en el interior de los partidos políticos para que mediante sus reglas seleccionen a las mujeres y hombres que contenderán por las diversas posiciones, nos enteramos de asesinatos, secuestros, amenazas, extorsiones entre otros graves delitos cuya finalidad es ni más ni menos que incidir —y de ser posible definir— en los resultados electorales; e incluso determinar a la persona que debe “ganar” la contienda en las urnas. La gravedad de la situación es mayúscula.
La principal debilidad en materia de seguridad pública e impartición de la justicia, lo sabemos desde hace décadas, está en la base de la administración pública y plasmado en el texto de la Constitución: el municipio. Los candidatos e incluso precandidatos para encabezar algún municipio son las principales víctimas mortales, producto de las acciones asesinas de las bandas delictivas.
Sea cual fuere la explicación dada por las autoridades, después de concluir las investigaciones (si es que las hay) existe la propensión a “justificar” el delito a partir de las actividades de las víctimas. Hacer política y tener aspiraciones como representantes populares en ninguna democracia estable y duradera, como la nuestra, debiera ser motivo o causa para exponer la vida.
Fragilidad
Así como es la debilidad administrativa, presupuestal y política del municipio, también y como consecuencia directa lo son las condiciones prevalecientes en seguridad pública. Y lo mismo puede ser un municipio importante como Culiacán, a propósito del insólito secuestro de más de 60 personas al mismo tiempo, que un municipio rural que también padece el esquilmo y expoliación de las bandas criminales. En ambos casos restricciones administrativas e inseguridad pública colocan al municipio, como base de la democracia, en una situación de verdadera precariedad institucional, política, productiva y social.
Debemos tenerlo presente: son alrededor de 20 mil cargos de elección popular que serán puestos a consideración del electorado. De la Presidencia de la República hasta las sindicaturas y cabildos en los municipios. De mantenerse la inercia de violencia criminal contra candidatas y candidatos (espero estar equivocado) la debilidad estructural de nuestra democracia —contando con los ingentes recursos destinados para su eficaz funcionamiento— se profundizará, lo que a su vez incentivará a que los criminales persistan en su ruta corrosiva y de desmantelamiento del Estado de Derecho.
En ese escenario, la fragilidad de los sistemas sociales puede verse aún más afectada. De ahí que sea indispensable el establecimiento de medidas de seguridad personal de los aspirantes a algún cargo de elección, a la vez que garantizar a plenitud que el 2 de junio, fecha de los comicios, y días posteriores las condiciones generales de seguridad pública propicien una buena conclusión de la contienda.
No importa, en una contienda electoral democrática, quién gane: lo sustancial, y en nuestras condiciones, será cómo gane.