El pueblo sabio expresó ya su opinión acerca de las consultas populares. En agosto de 2021 el presidente López Obrador promovió una para que los ciudadanos decidieran si debía enjuiciarse o no a sus predecesores en la Presidencia de la República. Como el tema no podía ser legalmente objeto de una consulta, ya que los derechos individuales no pueden ser retirados por voto popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pregunta para referirse a los “actores políticos” del pasado en lugar de a los expresidentes con nombres y apellidos, pero sí permitió, en una votación de seis a cinco, que se llevara a cabo.
A pesar de que el gobierno y sus partidos políticos se volcaron de manera abrumadora para apoyar la consulta solo participaron seis millones 658 mil 288 ciudadanos, apenas 7% de un padrón de más de 93 millones.
No se obtuvo, por lo tanto, el mínimo de 40% de participación que por ley debe alcanzar una consulta para que sus resultados sean vinculantes.
A pesar de que la Cámara de Diputados le negó al INE presupuesto para realizar la consulta como marca la ley, con casillas en todo el país, el costo de todas maneras fue de 528 millones de pesos, según los consejeros electorales Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas. Este es, me parece, un precio muy elevado para realizar un ejercicio que ya sabemos no reunirá el número de participantes para ser válido y vinculante.
Estos y otros problemas no han sido obstáculo para que los políticos de Morena sigan proponiendo consultas, porque saben que le agradan al presidente. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados federales de ese partido y aspirante a la candidatura al gobierno de Puebla, propuso una consulta para definir si los ciudadanos deben votar por los ministros de la SCJN. Sugirió, incluso, una pregunta: “¿Merece México o no, las mexicanas, hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros?”
Inaceptable
La verdad es que las consultas populares solo sirven para la promoción política de quienes las impulsan. La pregunta que propone Mier es confusa, aun para los especialistas en temas judiciales, y abiertamente parcial. Estos temas, por otra parte, deben ser definidos por especialistas. Es virtualmente imposible que 40% de los ciudadanos pudiera acudir a las urnas para expresar su punto de vista sobre un tema tan abstracto como este; y el costo es extraordinariamente alto para hacer una pregunta que no tendrá ninguna validez jurídica. No es ciertamente un uso adecuado de recursos en una República que busca funcionar con austeridad.
Mier no piensa, por supuesto, que 35 millones de ciudadanos acudirán a las urnas a resolver un tema tan fascinante como el procedimiento para escoger a los once ministros de la SCJN. Lo que busca es llamar la atención al presidente para que este lo tome en cuenta en la selección del candidato de Morena al gobierno del estado de Puebla. En este proceso está involucrado en una competencia abierta con el senador Alejandro Armenta, quien ya el 17 de mayo respondió quejándose públicamente de que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, lo amenazó en unos mensajes de WhatsApp.
Entiendo que estos dos políticos quieran ganar ventaja en su carrera por la ansiada gubernatura. No creo realmente, sin embargo, que el senador Armenta le tenga mucho miedo a la malvada ministra Piña. Tampoco pienso que sea aceptable seguir gastando cientos de millones de pesos en consultas populares que no tienen ningún sentido práctico.