La apuesta del gobierno es políticamente conveniente, pero injusta. Si bien abogados e historiadores consideran el amparo una de las grandes contribuciones de México al mundo del Derecho, muy poca gente entiende cómo se usa y cuáles son sus beneficios. De lo que no hay duda es que dificulta las decisiones del gobierno, especialmente cuando este quebranta la ley. Lo hacía con frecuencia el expresidente López Obrador, quien luego pedía a los jueces que “no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”.
Sin el amparo, cualquier funcionario puede violar los derechos individuales. Por eso la administración federal actual tomó la decisión de debilitarlo. Sabe que la mayor parte del pueblo bueno y sabio no entiende cómo le afecta esta decisión.
Por la vía rápida, como acostumbra, sin prestar atención a los cuestionamientos de juristas, incluso los de izquierda, la nueva Ley de Amparo fue aprobada por el Senado el 2 de octubre en la mañana. Para el gobierno es una prioridad: el amparo es un juicio molesto para un régimen de partido único que quiere gobernar sin límites ni contrapesos.
Las limitaciones que impulsa el gobierno debilitan de manera radical el derecho de amparo. Una de sus principales medidas es restringir el “interés legítimo”. Con la nueva legislación solo aquellos que sean directamente afectados por una medida o acción del gobierno podrán recurrir al juicio. Lo podrá emplear, por ejemplo, alguna persona despojada de sus tierras por un gobierno abusivo, pero ya no quienes sean víctimas indirectas, como las organizaciones ambientalistas que promovieron amparos contra proyectos de López Obrador, como el Tren Maya, por destruir la ecología de la selva maya.
La nueva legislación ya no les permitirá buscar un amparo. Los tribunales no les reconocerán el “interés legítimo” de promover estos juicios.
Venganzas o chantajes
Otra de las limitaciones es que no podrá haber suspensiones en casos fiscales o tras el congelamiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Si el Sistema de Administración Tributaria (SAT) impone un cobro ilegal o si la UIF congela de manera ilícita las cuentas bancarias de una persona, los afectados no podrán obtener suspensiones que les permitan seguir operando mientras litigan.
Sin las suspensiones, el gobierno podrá quebrar a cualquier empresa o persona. Podrá usar al SAT y a la UIF como instrumentos para venganzas políticas o para chantajes. Si impiden el acceso a sus propios recursos durante los años que dure un juicio, no habrá persona o empresa que resista. Para colmo, la nueva ley se aplicará de manera retroactiva, en violación a la Constitución.
Esta es la tercera vez que se modifica la Ley de Amparo en los últimos años. López Obrador estaba empeñado en debilitar esa figura porque no aceptaba que los tribunales fueran un contrapeso a su poder. Por eso eliminó los “efectos generales” de las suspensiones. Significa que un tribunal puede determinar que una ley es inconstitucional, pero sin los efectos generales el único beneficiado será quien haya promovido el juicio. El resto del pueblo tendrá que seguir acatando las normas y medidas inconstitucionales que decrete el gobierno.
El actual régimen ha logrado una gran popularidad porque ha mantenido la popular práctica de regalar dinero a millones de familias. El problema es que si no tenemos un sistema de justicia independiente y una Ley de Amparo que defienda los derechos de los individuos frente al gobierno, seremos un país cada vez más autoritario.