La Hora Nacional, ese programa en el que se unen todas las emisoras de radio de nuestro país el domingo a las diez de la noche, estuvo a punto de no transmitirse el pasado 24 de marzo. ¿Por qué? Por una queja del Partido Acción Nacional que señaló algo que ha sido evidente desde hace tiempo: el programa se utiliza cada vez más como instrumento de propaganda del presidente López Obrador y de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dio a conocer un comunicado en el que recomendaba a las emisoras no transmitir el programa para evitar sanciones.
De hecho, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) “que defina lo más pronto posible si la transmisión por la radio pone en algún tipo de riesgo jurídico a los concesionarios”.
La Secretaría de Gobernación entró en modo de emergencia; se puso en contacto con el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, y se comprometió a que el programa del 24 de marzo no tendría propaganda electoral. Incluso adelantó a la CIRT el programa para dar certeza jurídica a los concesionarios. Al final, la enorme mayoría de las emisoras transmitieron el programa.
Las radiodifusoras no están obligadas a emitir La Hora Nacional, pero hasta ahora ninguna se atrevía a no hacerlo por temor al gobierno. Desde un punto de vista de programación, la emisión rompe con el flujo natural de las difusoras. Un público acostumbrado a escuchar música de banda en su estación favorita, por ejemplo, apaga el receptor al encontrarse con una emisión política o cultural. Los programas son aburridos: están hechos para satisfacer a los políticos y no al público.
Convicción
La Hora Nacional es solo una de las medidas con las que el gobierno ha hecho daño a la radio y la televisión abiertas de nuestro país. Desde la reforma electoral de 2007 estos dos medios, propiedad de nacionales y operados por mexicanos, son los únicos a los que no se les permite vender publicidad electoral. Los políticos y sus partidos usan las millonadas que les regala el gobierno para adquirir anuncios en impresos, espectaculares o medios digitales. Las televisoras y radiodifusoras nacionales tradicionales, además, son las únicas que tienen la obligación de difundir, sin cobrar un centavo, una avalancha de spots de los partidos, candidatos y autoridades electorales: 52 millones en el proceso electoral 2023-2024, lo cual satura sus tiempos comerciales y ahuyenta al público.
Pareciera que el gobierno quiere destruir a los medios nacionales para favorecer a los extranjeros que se transmiten por cable, satélite o internet y que no tienen que contribuir a esta spotiza.
La Hora Nacional es un mero ejemplo de las políticas gubernamentales que afectan a los medios nacionales. Durante mucho tiempo fue simplemente un lastre aburrido, pero una vez que sus contenidos empezaron a politizarse, como ha ocurrido con los medios propiedad del gobierno, que deberían reflejar una visión de Estado y no del partido en el poder, es lógico que los radiodifusores se pregunten si una transmisión que es un “favor” al gobierno no se convertiría en fuente de castigos por parte de la autoridad electoral.
Mi convicción es que debe eliminarse La Hora Nacional. Pero ahí no debe parar el tema. Es insensato que el gobierno impulse políticas que debiliten a la radio y la televisión de nuestro país. La ley debe ser igual para todos y no emplearse para atacar a la industria nacional y favorecer a la extranjera.