El presidente ha escogido a un nuevo villano favorito. Durante años este fue el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, con el cambio de mando en el INE, tras la salida de Lorenzo Córdova y el inicio del periodo de Guadalupe Taddei, cercana a la Cuarta Transformación, y con el relevo en la Suprema Corte, donde dejó la presidencia Arturo Zaldívar, amigo del presidente, y la tomó Norma Piña, el poder judicial se ha convertido en el nuevo enemigo de López Obrador.
Ni el INE ni la Corte son instituciones perfectas, y mucho menos lo es el gobierno, pero el ataque contra el Poder Judicial, personificado por la Corte, no busca corregir los problemas de fondo; al contrario, las propuestas de extinguir fideicomisos o elegir a los jueces por voto popular no mejorarían la situación sino la empeorarían.
El presidente hizo un esfuerzo por mantener a Zaldívar como presidente de la Corte después de terminar su mandato en 2022, pero el propio Zaldívar decidió con dignidad que no buscaría esa extensión ilegal del cargo. AMLO promovió entonces la candidatura de Yasmín Esquivel, una ministra envuelta en un escándalo después de que se descubrió que había plagiado sus tesis de licenciatura y doctorado. Los ministros votaron por Norma Piña, una colega de carrera judicial y bajo perfil, pero de voluntad férrea.
Al presidente no le gustó la decisión y ha emprendido una campaña brutal para descalificarla. La ha acusado de corrupción y de vivir en medio de lujos. La ha culpado también de todos los fallos del poder judicial con los que no está de acuerdo y en particular de los reveses que su gobierno ha sufrido en controversias constitucionales. Él mismo, sin embargo, es responsable de esas derrotas porque ha ordenado a sus legisladores que violen los procesos legislativos y aprueben iniciativas sin siquiera permitir que se lean.
Solución de problemas
Muchas faltas deben corregirse en el Poder Judicial de la Federación. El principal problema es el rezago. La idea de que el sistema penal acusatorio, adoptado hace años, ayudaría a agilizar los procesos ha resultado falsa. Por otra parte, la prisión preventiva oficiosa, que encarcela a personas antes de ser declaradas culpables, llena las cárceles de inocentes. Para resolver estos y otros problemas es necesario reformar leyes, en particular las que establecen prisión preventiva para acusados no peligrosos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado esta prisión preventiva violatoria de los derechos humanos.
Ninguno de estos problemas se resuelve extinguiendo fideicomisos del Poder Judicial, que son transparentes y se utilizan para fortalecer las prestaciones de empleados y jueces, y mucho menos reduciendo los presupuestos. Tampoco se superarán con la propuesta del presidente de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Dice el presidente que elegir a los jueces acabará con la corrupción en el Poder Judicial, pero la afirmación no tiene sentido alguno. En México hemos sufrido siempre una fuerte corrupción a pesar de que hemos tenido votaciones para elegir a presidentes, gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados desde hace décadas. El voto popular no es garantía de honestidad.
Para AMLO la descalificación del poder judicial es parte de una campaña política. El presidente necesita a villanos para echarles la culpa de todos los problemas del país. Antes fue la “mafia del poder”, después el INE, ahora son los ministros de la Suprema Corte.